Este jueves se aprobará en el Senado una de las poquísimas reformas que nuestra Constitución ha tenido. En un principio, consiste en algo tan loable e inclusivo como modificar la palabra "disminuido" que aparece en el artículo 49 de la Constitución, para sustituirlo por el de "personas con discapacidad". Pero, aparte de que se mete alguna cosilla más no tan sancta, estas modificaciones no son inocuas políticamente. Veamos.

Redacción actual: Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos».

Redacción nueva: 1. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.

2. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.

En principio, parecería mezquino no unirse entusiásticamente a una reforma que aumenta la dignidad de las personas con discapacidad, proscribiendo adjetivos que los menosprecian, máxime si se trata de un pacto que incluye a la mayoría del arco parlamentario (Vox se ha excluido), al punto de que ha sido elogiado como el modo correcto de proceder en política frente a la polarización imperante.

Cambiar hoy la Constitución por tan poco es peligroso porque difunde la idea de que es fácil hacerlo y sugiere que podría usarse para añadir otros derechos más controvertidos, aparte de dar pie a las clásicas patochadas

Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Como decía el político estadounidense Edward Kennedy, "en política pasa como en las matemáticas: todo lo que no es totalmente correcto, está mal". Para empezar, no se acaba de ver para qué tenemos que modificar nuestra Constitución, de precaria salud y aquejada de generalizadas dolencias institucionales, para cambiar una palabra que se entendió adecuada hace no tanto, cuando tantas reformas de fondo son necesarias. Cambiar hoy la Constitución por tan poco es peligroso porque difunde la idea de que es fácil hacerlo y sugiere que podría usarse para añadir otros derechos más controvertidos, aparte de dar pie a las clásicas patochadas: el PNV ya ha intentado meter por medio de enmiendas el derecho de autodeterminación y limita el poder del ejército, como hace unos días nos recordaba Vozpópuli.

En segundo lugar, la modificación es seguramente innecesaria. Porque no creo que "disminuido" –palabra que se consideró perfectamente aceptable en 1978- tenga un sentido más noble y digno que "discapaz" que, según la RAE, significa "que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas". O sea, que tiene disminuidas sus facultades, aunque hoy suene mejor, según parece, una palabra que otra, y sin que tengamos la seguridad de que en unos pocos años discapaz suene igualmente mal, obligándonos a entrar en un bucle infinito de modificaciones para no caer en la incorrección. Parece que, en este mundo posmoderno, el problema no es la discapacidad en sí misma, sino la palabra, como si estas conformaran la realidad de manera que si las cambiamos la realidad cambia también. Hoy, por ejemplo, por mi simple voluntad me autodetermino de género, sean cuales sean mis genes y mi apariencia exterior.

Este voluntarismo terminológico llegó a la discapacidad, en realidad, por la vía de la ley 8/2021. Esta, por el expediente de considerar ope legis a todo el mundo capaz tanto para la titularidad de los derechos como para su ejercicio, suprime la figura de la incapacitación y el nombramiento de un tutor o curador que supla o complemente la capacidad del discapaz tomando las decisiones que pudieran redundar en su beneficio. En cambio, prescribe una serie de medidas de apoyo que tratarán de averiguar no tanto qué es lo mejor para la persona discapaz sino cuáles son sus preferencias e intereses. Por eso el artículo 49 en su nueva redacción dice que "las personas con discapacidad ejercen", en presente, y no usa el imperativo, pues considera que las pueden ejercer ya, como si la "disminución" de sus facultades no existiera o si la discapacidad fuese una identidad personal necesitada de reconocimiento y no una situación de hecho. Sin duda, la reforma incrementa la dignidad de las personas discapaces y pretende mejorar su autonomía y de alguna manera eso se quiere consagrar constitucionalmente. De acuerdo. Pero, a mi modo de ver, presenta dos problemas: uno, que no es realista, porque hay muchos casos en los que es imposible ejercer la capacidad (alguien con alzhéimer avanzado); dos, a veces las preferencias de las personas no son las mejores para ellas mismas, precisamente por su discapacidad (piénsese en la prodigalidad, el que se lo quiere gastar todo).

Quiere consagrar una desigualdad contraria al artículo 14 de la Constitución que ya ha aparecido en algunas normas positivas y que por esta vía quedaría constitucionalizada, dando así la razón a las ideologías identitarias

Pero es que, además, en el párrafo segundo se introduce una atención especial para las necesidades específicas de las mujeres y de los menores con discapacidad, no se sabe si porque el legislador considera que en esos segmentos sociales se da más discapacidad que en el sector masculino adulto o porque, sencillamente, quiere consagrar una desigualdad contraria al artículo 14 de la Constitución que ya ha aparecido en algunas normas positivas y que por esta vía quedaría constitucionalizada, dando así la razón a las ideologías identitarias favorables a este tipo de discriminaciones.

Por todo ello, resulta sorprendente ese acuerdo de las principales fuerzas políticas. Obviamente, quien está en el poder se apuntará un punto político al aparecer como un gobierno proclive a la inclusión y la solidaridad y dispuesto al pacto; pero sus oponentes políticos estarían reforzando esa misma imagen del contrario y devaluando la que proclaman en otras áreas políticas en las que se prodigan en hablar casi de un "golpe" (amnistía, Bildu, etc), al entender que el control del gobierno de todas las instituciones democráticas nos conduciría a una especie de democracia iliberal. Independientemente de si esto es así o no, la pregunta sería: ¿es políticamente acertado hacerte una foto y pactar con un oponente político que consideras que está destruyendo el sistema cosas innecesarias e incluir párrafos contrarios a tu forma de ver las cosas (y a la Constitución)? Tengo mis dudas.

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