La Sala 2ª (Penal) del Tribunal Supremo ha abierto una causa contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos previsto y penado en el art. 417 del Código Penal. No existen precedentes en nuestra historia de un hecho semejante. La primera reacción de Álvaro García Ortiz y del gobierno ha sido defender su actuación y anunciar que queda en el cargo. Si así fuera nos encontramos ante una crisis reputacional de inmensa trascendencia en cuanto al Ministerio Fiscal. El art. 124.1 de la Constitución establece que: “El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley (…)”. Ya se nos dirá cómo un Fiscal General del Estado atiende a ese mandato constitucional en semejantes condiciones. No, la única salida razonable no es otra que la renuncia del Fiscal General del Estado. Al menos evitará que el deterioro institucional se agrave. Naturalmente, Álvaro García Ortiz goza, como cualquier ciudadano, del derecho de presunción de inocencia, pero la degradación institucional que supondría mantenerse en el cargo sería insoportable.
Su debilidad política se discernió desde el primer día; ahí está la obra legislativa perpetrada: una infame ley de amnistía, pura corrupción política para obtener los siete votos de Junts en la investidura
La crisis ahora del Ministerio Fiscal se suma a un escenario que acogota al Gobierno, bajo la perspectiva de que ya es imposible saber qué novedades nos deparará el futuro próximo. Si ya teníamos el caso Koldo, la esposa del presidente investigada en un Juzgado de Instrucción, su propio hermano investigado en otro Juzgado de Instrucción, ahora el informe de UCO ha desvelado tal cantidad de noticias sobre José Luis Ábalos, que ha llevado al propio fiscal anticorrupción a solicitar que se instruya una causa contra el exministro ante el Tribunal Supremo por razón de su aforamiento. Al tiempo, se nos informa que queda aproximadamente un 60% de dispositivos personales –teléfonos, etcétera– por volcarse. Vaya uno a saber qué puede salir de todo eso. O Víctor de Aldama, conseguidor incansable, ahora en prisión preventiva por un fraude millonario de hidrocarburos.
Cuando se llega a este punto, todavía provisional, lo que no se sabe es qué más puede aparecer. Este es el punto que hace a una legislatura realmente insufrible. No hace todavía un año que el Sr. Sánchez resultó investido como presidente del Gobierno gracias a los siete votos de Junts. Su debilidad política se discernió desde el primer día; ahí está la obra legislativa perpetrada: una infame ley de amnistía, pura corrupción política para obtener los siete votos de Junts en la investidura, o acortar las penas de prisión a terroristas asesinos, en otro caso penoso de corrupción política que obedece a la necesidad de los votos de Bildu.
La noche del "Somos más"
Echando la vista atrás, se recuerda aquella noche del 23 de julio del año pasado –día de las elecciones generales–, en que la masa convocada a las puertas de Ferraz gritaba “Somos más”. Grito incomprensible pues el PSOE había perdido las elecciones generales que ganó el Partido Popular. Pero también grito inaudito: ¿con quién contaban para decir “Somos más”? ¿Con los golpistas catalanes de ERC y Junts, con los bolivarianos de Podemos, con los herederos del terrorismo agrupados en Bildu, en definitiva, con lo más indeseable de cada casa?
No, no eran más y produce escalofríos que se pensara, y se gritara, lo contrario.
Hace décadas, Felipe González solía decir que siempre hay que saber si uno es el problema o la solución. Aquella reflexión es hoy de vibrante actualidad. Es el Sr. Sánchez quien ha de plantearse si es el problema o la solución; si es capaz de embocar a España a un deterioro institucional próximo a lo irreparable, a un gobierno que está pero no gobierna como consecuencia de su infinita debilidad, a un gobierno acogotado por los casos de corrupción que surgen aquí y allá –con independencia de su devenir judicial–. Si el Sr. Sánchez se considera todavía como la solución de esta malhadada legislatura, no sólo será que no ha entendido nada, sino que el pueblo español pagará un alto precio en materia de empobrecimiento, en servicios públicos que no funcionan, en una juventud que se queda atrás, en una desindustrialización que prospera, en una insoportable crisis de vivienda, en una crisis de inmigración que avanza a ojos vista, en tantas otras cosas.
"Que España funcione"
Cuando se ha llegado a este punto, es el momento de saber parar, que esto no da más de sí y que la única salida viable no es otra que convocar al pueblo español a unas elecciones generales.
Con un objetivo: también lo dijo Felipe González en la triunfal campaña del PSOE en 1982 con el lema: “Por el cambio”. Y cuando se le preguntaba qué significaba “Por el cambio”, siempre contestaba que el cambio era “que España funcione”. Ese, más de cuarenta años después, debe seguir siendo el destino, “que España funcione”. Es la tarea que ha de presidir la acción de todo gobernante. Y cuando salta a la vista que eso no sucede en modo alguno en la actualidad, son las elecciones anticipadas, llamar a los españoles a las urnas, la única solución para resolver tamaño disparate infinito.
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