Hemos conocido estos días una noticia importantísima para el progreso económico y social de España: el Tribunal Supremo han enmendado, por fin, el sistemático bloqueo por parte de ese “cuarto poder” que -con todos los gobiernos– es el Ministerio de Hacienda, de las políticas industriales a favorables a la innovación tecnológica. Su enfermizo afán recaudatorio y su despecho al resto del Gobierno, así como a principios fundamentales del Estado de Derecho, ya era hora de que se vieran cuestionados.
Es bien conocido por quien quiera saberlo, lo que no es el caso de nuestra Hacienda, que el progreso económico y social de las naciones a lo largo de la historia ha venido estando sustentado por la innovación tecnológica y el marco institucional conformado por las reglas de juego de la función empresarial.
Hasta mediados del siglo XX, los economistas atribuían el crecimiento de la riqueza de las naciones al efecto de combinar el trabajo y la inversión productiva. Esta suposición comenzó a decaer a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se establecieron contabilidades nacionales que permitieron medir el Producto Interior Bruto y en consecuencia plantear formulaciones de base empírica –las anteriores eran más bien metafísicas— con los factores que la hacen posible.
En 1956, el luego premio Nobel de Economía (1987) Robert Solow publicó un extraordinario artículo en el que sostenía que menos de una cuarta parte del crecimiento económico de EEUU provenía de la acumulación de capital, mientras que más de tres cuartas partes procedían de la innovación tecnológica. Comenzaron a surgir a continuación estudios y valoraciones de los recursos en investigación y desarrollo tecnológico -I+D– en los países más avanzados, para compararlos con el PIB. Desde entonces el nivel y evolución del esfuerzo en I+D en relación con el PIB han dado lugar a un buen número de rankings internacionales comparativos, entre los que cabe señalar: Bloomberg Inno.vation Index; The Global Innovation Index, editado por Cornell SC Jhonson College of Business & Insead & World; Intellectual Property Organization y European Innovation Scoreboard, editado por la Comisión Europea
La valoración coincidente de estas instituciones sobre la evolución de la innovación en España se corresponde con la divergente trayectoria, desde 2008, de nuestra renta per cápita en relación con la media de la UE e incluso con países de una dimensión similar como Australia y Corea del Sur. Desde entonces el esfuerzo nacional en I+D, tanto público como privado dejó de crecer, lo que no ha sucedido en nuestro entorno.
No pueden ser refutados por el mismo Gobierno y, menos aún, por un ministerio carente de conocimientos técnicos y científicos necesarios para opinar sobre innovación tecnológica”
Siendo, por tanto, evidente que España nunca ha lucido y mucho menos con los gobiernos socialistas de este siglo en materia de innovación tecnológica, resulta que el Ministerio de Hacienda -algo que viene, en todo caso, de aún más lejos- se ha dedicado sistemáticamente a boicotear los modestos programas de otros departamentos ministeriales despreciando -mediante su anulación- los incentivos fiscales de estos a las empresas inversoras en I+D.
Ningún presidente de gobierno -ni del PSOE ni del PP- pararon los pies a sus ministros de Hacienda en sus arbitrarias -ahora, por fin, declaradas ilegales– actuaciones, de manera que ha tenido que ser la función judicial la que haya terminado poniendo las cosas en su sitio, negando su autoejercido “cuarto poder” frente al resto del “poder ejecutivo” con argumentos incontestables: “La Ley del impuesto de sociedades de 2004, establece los informes vinculantes del Ministerio de Ciencia e Innovación, que -obviamente- no pueden ser refutados por el mismo Gobierno y menos aún por un Ministerio carente de conocimientos técnicos y científicos necesarios para opinar sobre innovación tecnológica”.
Merece la pena innovar
Además de servir para poner en su sitio -segundo, no cuarto ni superior poder- a Hacienda, un Gobierno serio y responsable -obviamente uno nuevo, no éste- debería aprovechar la ocasión para incrementar, además de aplicar de verdad, los incentivos fiscales a la innovación tecnológica eliminando por en medio todos los clientelares programas de gasto gubernamentales a la I+D. La razón es muy simple: sólo los empresarios pueden -cometiendo errores, que ellos pagan, por el camino- vislumbrar en que merece la pena innovar; en ningún caso un gobierno integrado por burócratas incompetentes ajenos por completo a los intereses -siempre inciertos- de los mercados.
Liberada la innovación de las cadenas de Hacienda, sus burócratas deberían dedicar sus esfuerzos a mejorar la eficiencia del gasto público, que en España es particularmente baja: posición 30º entre los 38 países de la OCDE. Según el Instituto de Estudios Económicos de la CEOE, si nuestro país se situara en la media internacional, podríamos prescindir de más de 60.000 millones de euros de gasto público, lo que permitiría hacer dos buenas cosas a la vez: reforzar el apoyo fiscal a la I+D y rebajar una presión fiscal efectiva -asociada al nivel de renta per cápita- que se sitúa entre las más altas del mundo.
Tenemos un muy serio problema político -entre muchos otros– que resolver en España: la responsabilidad de la administración pública frente a sus desmanes
Frente a los bulos al uso lanzados por quienes ignoran -por incompetencia profesional y mala fe política- las realidades que, de verdad, interesan a una España en cuesta abajo con el actual gobierno, otro nuevo ya tiene pistas suficientes para convertir la necesidad -poner a Hacienda en su sitio- en virtud: retomando un crecimiento vigoroso de nuestra renta per cápita impulsado por crecientes esfuerzos empresariales en innovación tecnológica y reducciones de una presión fiscal excesiva, así como de obstáculos de todo tipo al libre ejercicio emprendedor.
Mientras que en el ámbito de la sociedad civil los responsables de decisiones y actos -muy particularmente en las sociedades mercantiles, sobre todo cotizadas- son penalizados de diversas maneras cuando actúan ilegalmente, las administraciones públicas permanecen libres de responsabilidad alguna -como es el caso-, lo que redunda en una vergonzosa repetición de sus barbaridades.
En un muy recomendable ensayo titulado The Problem of Political Authority (2013) el filósofo norteamericano Michael Huemer, sostiene que: “El Estado y sus agentes deberían ser juzgados usando los mismos estándares que se aplican a los juicios de las conductas privadas”. Tenemos un muy serio problema político -entre muchos otros– que resolver en España: la responsabilidad de la administración pública frente a sus desmanes, algo que curiosamente la España imperial resolvía magistralmente con sus “juicios de residencia”…hasta que llegó “nuestra democracia” que liberó de responsabilidad alguna a la administración del Estado.
Encontrará algún hueco la ministra de Hacienda, dada su desmedida afición a hacer insustanciales declaraciones políticas a toda horas, para pedir perdón a los españoles por los -citados- graves y perjudiciales desmanes cometidos bajo su responsabilidad?
