UPN cree que los tartazos fueron "un ataque" a la institución de la presidencia del Gobierno de Navarra y por ello no se puede actuar "como si no hubiera pasado nada". Los cuatro acusados se enfrentan a una petición del fiscal de 5 años de cárcel y 2.700 euros de multa por un delito de atentado contra la autoridad. La acusación particular pide hasta 9 años de prisión para uno de ellos.