El ministro de Industria se ha erigido en el mayor defensor de las prospecciones petrolíferas en aguas españolas vendiendo lo bueno que sería para el país. La ley fija un canon de superficie de 0,07 euros por hectárea y año que las empresas a las que Industria otorgó la concesión de investigación de hidrocarburos han de pagar al Estado. Tienen la primera autorización, pero no se podrán iniciar los sondeos acústicos, muy criticados por su impacto ecológico, hasta obtener los permisos ambientales.