José Manuel Soria quiere encontrar petróleo. Tan obstinado parece el ministro de Industria, Energía y Turismo en llevar a cabo prospecciones petrolíferas en aguas españolas que se olvida del proceso administrativo reglamentario y defiende públicamente los proyectos aún en estudio siendo en ocasiones poco o nada riguroso. Soria insiste en lo bueno que sería para España encontrar hidrocarburos dada la dependencia energética del país, pero el negocio es cuanto menos cuestionable dados los riesgos que entraña. Los yacimientos de hidrocarburos en el subsuelo del mar territorial y de los fondos marinos que estén bajo la soberanía del Reino de España son considerados bienes de dominio público estatal, pero el beneficio económico directo para España no va más allá del canon de superficie que la empresa a la que se le da la concesión para la investigación y posteriormente la explotación de hidrocarburos ha de pagar al titular. Así, con arreglo a la Ley 34/1998, cuya última modificación se produjo el 27 de diciembre de 2013, las empresas con autorización de Industria para realizar sondeos acústicos en busca de petróleo bajo el lecho marino deben pagar 0,07 euros por hectárea y por año al titular del dominio público, esto es, el Estado español.
Actualmente hay dos proyectos planteados en aguas españolas a la espera de los permisos ambientales, y ambos son foco de conflicto. Tanto el de Canarias, frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, como el del Mediterráneo, entre el Golfo de Valencia y las Islas Baleares, han provocado un rechazo generalizado de los vecinos, los gobiernos locales y autonómicos, así como de los sectores del turismo y la pesca. Los dos proyectos tienen la autorización de Industria, pero están a expensas del aval ambiental para poder empezar con la fase de investigación, no exenta de riesgos ecológicos, según advierten numerosos informes. En el caso canario, son Repsol (50%), Woodside Energy Iberia, S.A., y la alemana RWE Dea AG (30% y 20% respectivamente) quienes tienen la concesión de investigación de un área dividida en 9 cuadrículas, cuya superficie total suman 616.060 hectáreas. A la espera de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que emita el Ministerio de Medio Ambiente que dé vía libre o no a la exploración de la zona con sondeos acústicos, Repsol y sus socias pagan al Estado poco más de 43.000 euros al año.
Durante el período de vigencia de los permisos de investigación de hidrocarburos, la empresa a la que se le otorga la concesión debe pagar un canon de 0,07 euros por hectárea y por año al titular del dominio público
Por su parte, Capricorn Spain Limited ostenta los permisos de investigación de hidrocarburos denominados ‘Alta Mar 1’ y ‘Alta Mar 2’, frente a las costas de Ibiza y Formentera, y de las cuadrículas de Benifayó, Albufera y Gandía, estas últimas cedidas por la sociedad Medoil. En total, 5 áreas de 793,8 kilómetros cuadrados cada una, que suman un total de 396.900 hectáreas por las que paga 27.783 euros/año. Por las autorizaciones concedidas en Canarias y el Mediterráneo, las arcas del Estado reciben poco más de 70.000 euros anuales. Capricorn Spain renunció a hacer exploraciones en el área de la Albufera, espacio protegido y más problemático por las quejas a causa de su cercanía a la costa, pero según explicó la propia empresa a Vozpópuli, "se paga canon por toda la superficie concedida con independencia de que la empresa decida que los trabajos los hará en un área más reducida". Capricorn Spain confirmó también que dicho canon se paga desde el momento de la concesión. Sin embargo, no quisieron entrar a valorar sus impresiones sobre el proceso en marcha: "Ahora estamos en un período de información pública en el que la gente tiene que consultar el estudio ambiental y presentar sus alegaciones y hay que respetar eso".
En contra de lo que dice Soria, la ley establece que las autorizaciones, permisos y concesiones pueden extinguirse si el titular renuncia total o parcialmente a ellos, entre otras razones
Los permisos tienen un período de vigencia de 6 años, pero según establece la Ley y en contra de lo que dice Soria, las autorizaciones, permisos y concesiones pueden extinguirse antes -entre otras razones- si el titular renuncia total o parcialmente a ellos una vez cumplidas las condiciones en que fueron otorgados. El canon se incrementa el doble en caso de prorrogarse dicha autorización y aumenta considerablemente cuando la concesión es de explotación, sobre todo tras los primeros cinco años. Conviene recordar que los permisos de investigación de hidrocarburos confieren a su titular el derecho en exclusiva para investigar la existencia de hidrocarburos en el subsuelo del área otorgada, pero no permiten la explotación de los potenciales yacimientos, lo que exigiría el otorgamiento de una concesión de explotación, ni tampoco suponen una autorización automática de ningún tipo de trabajo.
Destino del petróleo
En Canarias, Repsol lidera el proyecto que tanto ruido está generando. Al tratarse de una empresa española con intención de comercializar el combustible en el mercado nacional, las necesidades de España de importar crudo del extranjero se reducirían, lo que supondría un ahorro de 28.000 millones de euros en importaciones, según los cálculos del ministro Soria. Sin embargo, no se trata de una empresa estatal, por lo que los beneficios de la extracción y comercialización de petróleo -si se diera el caso- serían privados. Parecida situación sería la de Capricorn Spain Limited en caso de hallar crudo en las aguas entre el litoral levantino y Baleares, con la salvedad de que, a diferencia de Repsol, la filial de la escocesa Cairn Energy probablemente haga uso de la plena libertad que le otorga la ley para vender el petróleo en el mercado internacional. Se desconoce si por algún tipo de acuerdo con la sociedad, España sería destino prioritario de venta del crudo.
Cairn Energy no encontró petróleo en aguas marroquíes
El Gobierno autorizó en 2012 a Repsol a realizar prospecciones frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote (RD 547/2012), retomando los permisos que se le concedieron en 2001 y que el Tribunal Supremo anuló en 2004 por no superar el proceso de control de impacto ambiental. Entonces, el presidente de la petrolera, Antonio Brufau aseguró que, según los indicios, "en Canarias podría realizarse el mayor descubrimiento de hidrocarburos de la historia de España". Igual de eufórico se mostraba el ministro Soria, artífice de la reactivación del Real Decreto de 2001, quien sigue hablando de que las hipotéticas reservas del subsuelo marino canario pueden llegar a cubrir el 10% del consumo de petróleo en España y ahorrar millones de euros en importaciones, una cifra inflada según fuentes consultadas.
Brufau se frota las manos y ya anunció que, de obtener los permisos ambientales, Repsol estaría lista para perforar en mayo de este año, pero la petrolera que sondeó las cuadrículas próximas en zona marroquí no encontró reservas
Brufau se frota las manos y ya anunció que, de obtener los permisos ambientales, Repsol estaría lista para perforar en mayo de este año. Sin embargo, no está tan claro que las previsiones sean acertadas. Cairn Energy (la petrolera escocesa de la que depende Capricorn Spain), con la autorización del Gobierno de Marruecos, realizó a finales de 2013 sondeos petrolíferos en el la costa atlántica marroquí en emplazamientos cercanos a las cuadrículas cedidas a Repsol. El resultado no fue bueno. En diciembre, la petrolera reveló que sus primeras prospecciones concluyeron sin que se encontrasen reservas de hidrocarburos, por lo que probaría a sondear otro punto más al Sur, cerca de las cuadrículas de Repsol.
"Beneficio miserable a costa de arruinar a la gente"
Los gobiernos de ambos archipiélagos se han mostrado absolutamente en contra de las prospecciones petrolíferas por el impacto negativo que puede tener para su economía al afectar directamente a la pesca y al turismo, actividades que representan un importante porcentaje de su PIB. Paulino Rivero (CC) en Canarias y José Ramón Bauzá (PP) en Baleares capitanean las protestas secundadas por los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, los consells de Ibiza y Formentera y numerosos ayuntamientos. En los 45 días que duró el plazo de exposición pública del proyecto de Repsol, la Delegación del Gobierno recogió 2.600 alegaciones. Contra el documento ambiental de Capricorn Spain para sondear el subsuelo del Mediterráneo ya se han presentado 40.000 firmas con valor legal. Gran parte del éxito de la movilización social en Baleares se debe a la Alianza Mar Blava, en la que se integran administraciones públicas, entidades de sectores afectados, ONGs y sindicatos. En Valencia, pese a que el Gobierno y profesionales afectados también son contrarios, no existe una plataforma de este tipo capaz de arrastrar a tanta gente.
En ambos archipiélagos, los gobiernos autonómicos, ayuntamientos y numerosos colectivos se oponen a las prospecciones: "Esperamos que Medio Ambiente no ceda a las presiones de Industria"
Carlos Bravo, coordinador de la Alianza, asegura a Vozpópuli que España no se va a beneficiar en nada con esto. "Independientemente de que el petróleo provenga de sus aguas, el beneficio para España será miserable". Bravo, al igual que el resto de componentes de la plataforma, sostiene que lo que se va a conseguir si se llevan a cabo las prospecciones es "arruinar a la gente". Precisamente esta semana, tuvo lugar un encuentro en Bruselas con el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, en el que representantes baleares, liderados por los presidentes de los consejos insulares de Ibiza y Formentera, y técnicos de medio ambiente le trasladaron el sentir de ciudadanos y administraciones. El comisario vio con buenos ojos las reivindicaciones y, si bien aseguró no puede obligar al Gobierno a parar los proyectos, sí se comprometió a actuar dentro de sus competencias, que son garantizar que las evaluaciones de impacto ambiental cumplan rigurosamente con todas las normativas europeas. "Esperamos que Medio Ambiente no ceda a las presiones de Industria". Es el deseo de todos los que no quieren petróleo en las islas.
