Dicen que aterrizar en el antiguo aeropuerto de Tegucigalpa era como hacerlo sobre la cubierta de un portaaviones, una sensación indescriptible, una descarga de adrenalina. La historia la cuenta un emprendedor español, gran conocedor de la zona. “Se me ocurrió ya en el primer viaje, y en cuanto tuve enfrente al presidente hondureño, hijo de emigrantes españoles, se lo planteé de sopetón. Tiene usted que hacer un aeropuerto como Dios manda, para ayudar al desarrollo de su país. Usted tiene la necesidad y yo tengo la financiación (porque entonces en España había dinero para muchas cosas). Pero las elecciones hondureñas estaban al caer, y mi presidente perdió frente al aspirante. Sin problemas. A él me dirigí en cuanto pude. Su respuesta me dejó atónito: “No vamos a hacer un aeropuerto nuevo en Tegucigalpa. Vamos a hacer dos, pero en San Pedro Sula y en Roatán, para el turismo del Caribe”. Así se hizo, y en ello participaron empresas y capital español. Pero allí me di cuenta de que había cosas que escapaban a mi control, decisiones cuya razón desconocía… Me di cuenta de que detrás de toda gran operación de inversión en el exterior operan una serie de fuerzas ocultas que el simple promotor o constructor no controla, porque su importancia le rebasa. Allí supe que existe una cosa llamada Inteligencia Económica internacional, cuyo desconocimiento o correcta utilización puede hacerte perder o ganar un contrato.
Sacyr, por ejemplo. Si a la hora de cerrar la plica para optar a la construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, su presidente, Luis del Rivero, hubiera sabido la cifra, siquiera aproximada, que iba a ofertar su principal competidor, la norteamericana Bechtel, contratista de casi todas las obras del Ejército USA, hubiera podido elevar su oferta (3.118 millones de dólares) en 800 o 900 millones, seguro de que incluso así se quedaría con la obra, porque la oferta de Bechtel superaba a la suya en 1.068 millones, y esos 800 ó 900 millones hubieran permitido a Sacyr y a su socio italiano terminar con holgura la costosa y compleja ampliación del Canal. Pero Del Rivero, tan unido en cuerpo y alma a Rodríguez Zapatero, no tenía idea de lo que podía ofertar Bechtel, de modo que realizó una oferta a la baja calificada de “temeraria” por casi todos, con la que ha terminado pillándose los dedos. Los de Bechtel, en cambio, sabían vida y milagros del constructor murciano (ese dinero no daba “ni para poner el hormigón” necesario, según los cables de la Embajada USA en Panamá revelados por Wikileaks), así como las debilidades de una empresa, Sacyr, cuya solvencia financiera estaba en entredicho, y que de algún modo concibió la operación Canal como una huida hacia adelante. Inteligencia Económica (IE) se llama eso, algo que se parece al espionaje pero que no es exactamente espionaje.
Cuando algún gran capo español ha necesitado saber algo de un potencial rival ha acudido a la famosa Agencia Kroll
Cuando algún gran capo español ha necesitado saber algo de un competidor externo o de un potencial enemigo interno, ha acudido a la famosa Agencia Kroll, (“a global leader in risk mitigation and response”), siempre ligada a la CIA, por mucho que sus promotores aleguen lo contrario, agencia que Jules B. Kroll vendió en 2004 a Marsh & McLennan, la mayor correduría de seguros del mundo, también cercana a la CIA. Fue Kroll la que, por encargo del vicepresidente Narcís Serra, más tarde responsable del agujero de Cataluña Caixa (no menos de 12.000 millones de euros) se encargó de mirarle los bajos a Mario Conde en infausta ocasión, dinero público con fines privados, y fue también la que cerró el paso a Emilio Ybarra a la presidencia del BBVA tras el escándalo de las cuentas en la isla de Jersey.
Las cosas han ido cambiando con el paso del tiempo y la internacionalización de empresas españolas. La Inteligencia Económica ha pasado a ser una herramienta más a incorporar en la gestión por cualquier grupo empresarial con vocación global. Se trata no solo de un mecanismo de defensa, sino también de ataque. Desde un punto de vista de Estado, la Inteligencia Económica es una rama, y no pequeña, del gran árbol de la Seguridad Nacional. Con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ocupado durante décadas en la lucha contra el terrorismo etarra y la seguridad de la Corona (en particular la cobertura de los negocios del Rey Juan Carlos y sus devaneos amorosos), en España han ocurrido cosas imposibles de imaginar en Francia merced al Conseil de Défense et de Sécurité Nationale (CDSN), cuyas funciones, desarrolladas por una Ley específica de 2009, incluyen “la programación militar, la disuasión, la conducción de operaciones en el exterior, la planificación de las respuestas a las crisis, la inteligencia, la lucha contra el terrorismo, la seguridad económica y energética…”
Francia no hubiera permitido la venta de una Endesa
“En Francia no se hubiera permitido la compra de Endesa por el holding público italiano Enel, una operación autorizada por el Gobierno Zapatero, porque la energía en cualquier país desarrollado es una cuestión estratégica”, asegura un experto en IE. Curiosamente, o no tanto, Pedro Solbes es miembro del Consejo de Enel, y su sucesora en el cargo, Elena Salgado, es consejera de Chilectra, la filial chilena de Endesa. Mucho más grave aún, si España hubiera dispuesto de un departamento de Seguridad Nacional, probablemente los españoles no hubieran sufrido un golpe terrorista tan brutal como el del 11-M, una operación meticulosamente planificada que logró echar del Gobierno al PP y cambiar el curso de la Historia de España, golpe convertido aún hoy en humillación colectiva sin precedentes que, colmado de misterios, ningún Gobierno parece interesado en aclarar (“mejor así”, resume un antiguo agente del CNI, “porque en otra época ese episodio nos hubiera llevado a declarar la guerra a algún país vecino, y no está claro que haya que sacrificar 20.000 vidas para vengar la muerte de 200”). Si en 2002 el Gobierno Aznar hubiera dispuesto de esa Seguridad Nacional, el ministro Álvarez Cascos no hubiera tomado la decisión, tan plena de soberbia como sobrada de ignorancia, de ordenar al director general de la Marina Mercante que obligara a Mangouras, capitán del Prestige, a poner rumbo noroeste para hundir su barco en alta mar, y desde luego hubiera controlado la explosión de protestas interesadas a que el episodio dio lugar.
Un organismo de Seguridad Nacional en su vertiente de Inteligencia Macroeconómica hubiera detectado a tiempo los riesgos de la burbuja inmobiliaria y aconsejado al Ejecutivo la adopción de medidas para desactivarla. Muy probablemente hubiera destapado el nivel de latrocinio generalizado que la coyunda entre gestores y políticos autonómicos estaba llevando a cabo en las Cajas, un episodio que ha estado a punto de llevar al país a la quiebra, del mismo modo que no hubiera necesitado que un empleado del HSBC en Suiza, un tal Hervé Falciani, apareciera un día con los números de cuentas opacas de un montón de españoles, gente tan principal como Emilio y Jaime Botín, dos hermanos que distraídamente mantenían una fortuna de 2.000 millones de euros sin declarar al fisco. Con el CNI a por uvas, el Gobierno de Mariano Rajoy se dio por fin de bruces con la necesidad de contar con un servicio de Inteligencia Económica cuando, en el verano de 2013, la especulación contra el euro llevó la prima de riesgo española por encima de los 600 puntos básicos, poniendo a España en el brete de un rescate a la griega. ¿Quiénes eran esos “especuladores”? ¿Desde dónde operaban? ¿Cómo lo hacían?
La IE ha pasado a ser una herramienta más en la gestión de cualquier grupo empresarial con vocación global
Como parte de la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobada en Consejo de Ministros en mayo de 2013 y entre cuyos objetivos figura “garantizar la seguridad económica y financiera”, el Gobierno se ha dotado de un Consejo de Seguridad Nacional cuyas reuniones preside el Presidente del Gobierno excepto cuando lo hace el Rey en persona, y en el que se integran, entre otros, el jefe del Alto Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y el director del CNI. Como secretaría permanente opera un Departamento de Seguridad Nacional, que desde agosto de 2013 dirige Alfonso de Senillosa en Moncloa, reportando directamente a la todopoderosa Soraya Sáenz de Santamaría. En su reunión de ayer viernes, y bajo la presidencia de Rajoy, el Consejo acordó la creación de un Consejo de Ciberseguridad y de un Consejo de Seguridad Marítima, además de un tercer órgano colegiado, denominado Comité de Situación, que lidiará con “aquellas situaciones de crisis que, por su transversalidad o dimensión, desborden las capacidades de los departamentos y organismos responsables”.
En Moncloa no se fían del director del CNI, Sanz Roldán
¿Dónde queda la participación del sector privado en este esquema de Seguridad Nacional? ¿Qué hay de su imprescindible colaboración? Misterio. Antes de la creación del citado Consejo, desde el Ejecutivo se anunció el lanzamiento de un Servicio de Inteligencia Económica (SIE) residenciado en el ministerio de Economía, de quien dependen las Agregadurías Comerciales en el exterior, y que iba a contar con una activa participación público-privada. Para animar el lanzamiento del SIE, el pasado 10 de febrero iba a celebrarse en Madrid, bajo los auspicios de Economía y del Club de Exportadores, una jornada sobre Inteligencia Económica en la que iban a participar una serie de ponentes de postín (Jiménez Latorre, Nadal, García-Legaz, Pérez-Renovales, Eguidazu, Senillosa, además de la número 2 del CNI, Beatriz Méndez Vigo) esos segundos niveles de la Administración donde se cocinan las decisiones que luego terminan en el BOE. Pero unos días antes, y de manera misteriosa, la jornada se suspendió sin más explicaciones, asunto que las fuentes achacan a una decisión personal de la vicepresidenta Soraya.
Parece que Moncloa no quiere interferencias del sector privado en materia que consideran de su exclusiva jurisdicción. Ni siquiera de un CNI dirigido por Félix Sanz Roldán, un hombre a quien en junio de 2004 Zapatero hizo Jefe del JEMAD, y a quien en julio de 2009 el mismo Zapatero colocó al frente del CNI, y del que no se fían. Convendría, en todo caso, afinar cuanto antes la partitura. No hay tiempo que perder. Un SIE bien engrasado hubiera visto venir el riesgo confiscatorio que se cernía sobre YPF, filial argentina de Repsol. Y desde luego no hubiera consentido un viaje tan alocado como el realizado a Bueno Aires por el ministro Soria para, en teoría, arreglar el contencioso que enfrenta a la petrolera con el Gobierno de Cristina Kirchner, viaje que muchos juzgan como un intento del canario de apuntarse un tanto capaz de devolverle el prestigio perdido en la batalla energética, una guerra que, con un ministro bis en Industria en la persona de Alberto Nadal, ha dañado seriamente su futuro político
A falta de un Servicio de Inteligencia Económica rodado, España y sus empresas siguen caminando a salto de mata
Los mismos riesgos ha corrido la ministra de Fomento viajando a Panamá para mediar en el lío entre Sacyr y la Autoridad del Canal. “Por lo menos hemos conseguido que no ocurriera como con Argentina y Repsol: aquí hemos salvado las relaciones entre países a nivel de Gobierno, que siguen siendo magníficas”. Parece que una solución pactada se abre paso en el Canal, pero la norteamericana Bechtel espera sentada, como la efigie de Buda, el fracaso del consorcio Sacyr para acudir a terminar las obras del Canal y restablecer así el America rules en zona geográfica tan estratégica. Cruzados de brazos esperan también los franceses que perdieron la construcción del AVE entre Medina y La Meca, en Arabia Saudí. Francia jugó tan fuerte que llegó a ofrecer cobertura a un príncipe saudí acusado, por aquellos días, de haber violado en Ibiza a una chica española. La inteligencia gala llegó a decir que el jeque y su barco se encontraban aquella noche atracados en el puerto de Marsella. Ana Pastor se dispone ahora a viajar a Riad a fin de evitar otro soponcio para los intereses españoles. A falta de un Servicio de Inteligencia Económica rodado, España y sus empresas siguen caminando a salto de mata.
