La Comisión Europea ha publicado su informe anual sobre la eficiencia, calidad e independencia de los sistemas judiciales en los Estados miembros de la Unión Europea. Los resultados del estudio colocan a la justicia española entre las más lentas de Europa y entre las peor valoradas por sus ciudadanos. La lacra de la justicia tardía es un problema con el que los actores judiciales llevan años luchando en España. La falta de medios ha provocado que muchos juzgados se vean desbordados y que algunos casos se alarguen durante años antes de fijar la fecha de un juicio. 

El abogado Daniel Sánchez Bernal explica a Vozpópuli cuáles son los principales problemas que sufren los juzgados y cómo puede afectar a miles de personas. En su lucha frente a la justicia, el letrado sevillano ha ganado en el Tribunal Constitucional dos demandas de amparo en las que reclamaba que el órgano de garantías ordenara a un juzgado de lo social a fijar un nuevo señalamiento que resultase respetuoso con los derechos fundamentales lesionados. Su clienta presentó en 2022 una demanda después de que la Seguridad Social rechazase concederle la renta activa de inserción, no obstante, el Juzgado de lo Social Número 8 de Sevilla fijó la fecha de juicio para el 2025, lo que para su letrado suponía una clara vulneración de sus derechos por tener que esperar durante más de tres años un subsidio económico.

El órgano de garantías falló a favor de su clienta y abrió la posibilidad para que las personas afectadas por la lentitud de la Justicia puedan reclamar una indemnización al Estado. En concreto, la sentencia emitida el pasado mes de noviembre especificaba que esta medida será "pertinente y útil y no requerirá interponer un recurso de amparo ante el propio tribunal". Desde entonces, el letrado sevillano anima a todas aquellas personas que hayan sufrido una situación similar a "pedir una indemnización por mal funcionamiento de la Justicia". "Es intolerable, no puede ser que una persona que está esperando una ayuda económico tenga su juicio fechado para dentro de tres años. Es un problema luchar contra esto, es una pandemia que se extenderá a no ser que el Gobierno facilite más medios... Hay que crear más órganos judiciales y invertir en la contratación de más funcionarios", comenta Sánchez Bernal.

Según los datos revelados por el último informe de la Comisión Europea, España es el sexto país de la Unión Europea donde más se tarda en resolver casos civiles, mercantiles o administrativos por parte de los juzgados de primera instancia. La demora ronda la media de los 300 días, aunque puede alargarse durante más tiempo en algunos casos. Asimismo, respecto a un segundo o tercer procedimiento, los datos son más "desalentadores", en estos casos se supera los 600 días de media. 

Denuncia ante el TEDH

Ante estos datos "cada vez más alarmantes", el abogado Daniel Sánchez Bernal defiende elevar este asunto a Europa. "El siguiente paso en esta lucha contra la justicia tardía es que Tribunal Europeo de Derechos Humanos condene a España. El Estado tendrá que pagar miles cientos de millones e indemnizar a miles de afectados por la lentitud de la justicia", señala. 

En este tipo de casos, el letrado explica que el procedimiento de indemnización no puede iniciarse hasta que no concluye el procedimiento judicial. Una vez finalizado, el siguiente paso es presentar vía por administrativa una reclamación que tendrá que ser contestada por el Ministerio Justicia. La sentencia del Constitucional ha sentado las bases para que los ciudadanos puedan reclamar una indemnización por los tiempos de la justicia, sin necesidad de hacerlo sólo en casos más extremos como dilaciones indebidas en asuntos penales de prisiones preventivas.

Por otra parte, el letrado denuncia la tardanza para emitir sentencias por parte de algunos juzgados. "A los abogados nos exigen que cumplamos con los plazos pero hay veces en que ellos no lo cumplen por culpa de la excesiva carga de trabajo que soportan, es discriminatorio e injusto", sentencia. 

En España, solo el 25% de las sentencias se ejecutan en tiempo y forma, situando a la justicia española a la cola del ránking europeo. Precisamente, la jurisdicción laboral es la más afectada por la sobrecarga de asuntos que supera el 185% en algunos juzgados de lo social. 
 

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