Tribunales

Varapalo del juez a García Ortiz: tacha de "evidencia" que haya hecho "desaparecer pruebas" del móvil

En el mismo auto, también acuerda que las partes puedan consultar los anexos de los oficios de la UCO en la Secretaría del tribunal

  • Álvaro García Ortiz -

El magistrado que instruye la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado por presunto delito de revelación de secretos ha acordado que, a partir de ahora, los anexos de los oficios que realice la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no se entreguen a las partes personadas, sino que queden a disposición de las mismas para su consulta en la secretaría del tribunal. Una decisión que ha tomado tras la queja que puso Álvaro García Ortiz por la filtración de sus datos, que consideró que se había vulnerado la normativa de protección de datos.

En su auto, consultado por Vozpópuli, el juez también señala que “carece de relevancia penal que un investigado llegue a hacer desaparecer pruebas que le puedan incriminar; pero que, así sea, tampoco se debe ignorar que no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal”. El instructor Ángel Hurtado ha aprovechado para también asegurar que era una "evidencia" que el jefe del Ministerio Público había "hecho desaparecer pruebas que podrían encontrarse en sus terminales móviles". Hay que recordar que la UCO encontró 0 mensajes en sus terminales.

Según ha detallado Hurtado, aunque el fiscal general dio distintas explicaciones sobre el motivo por el cual borró esos mensajes -por su intimidad y porque tenía datos ultrasensibles- tendría que haber mostrado algún grado de colaboración para esclarecer los hechos. Por ejemplo, habiéndolo comunicado antes de llevar a cabo tal desaparición "y no aprovechar para realizarlo el día 16 de octubre", cuando se abrió la causa contra él. 

Pues, a consecuencia de tal desaparición, se ha acordado la práctica de determinadas diligencias de instrucción para tratar de recuperar pruebas, para lo que “ha sido necesario acudir a la realización de una serie de medidas de investigación tecnológica en búsqueda de los dispositivos móviles con los que se presume que ha desplegado su actividad delictiva, en las que, previsiblemente, el propio investigado debió haberse representado la posibilidad de encontrar datos relativos a terceros, que no había razón para descartar que ofrecieran información que contribuyese a ese esclarecimiento de los hechos”.

 

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