La Junta de Andalucía sostiene la respiración. El futuro de Muface puede terminar por desbaratar la maltrecha gestión sanitaria. Si el Gobierno no alcanza un acuerdo con las concesionarias, Andalucía será la región que más sufra la ruptura del convenio entre las aseguradoras y la sanidad del cuerpo de funcionarios.
Que Asisa, Adeslas y DKV abandonen el barco de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) puede tener implicaciones mastodónticas: en las ocho provincias andaluzas, según la Junta de Andalucía, entre funcionarios y familiares son más de 400.000 personas las que se quedarán sin asistencia y pasarán a una sanidad pública ya de por sí saturadísima.
¿Puede la sanidad andaluza –que lidera los rankings de listas de espera- asumir la atención de 400.000 personas? Consultada a este respecto, la portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ni siquiera ha querido abordar un escenario que a todas luces resulta indeseable para la sanidad andaluza.
“Nuestro sistema público sanitario es para 8.5 millones y medio”, destaca España, que asume que integrar a casi otro medio millón sería un problema. La portavoz de la junta espera un acuerdo de última hora entre Gobierno central y aseguradoras, “van a tratar de poner en marcha una nueva licitación ... Estoy segura de que acabará llegando una solución del Gobierno”.
Andalucía es la región con más pacientes de toda España en Muface y con mucha diferencia, sobre todo por su cuerpo de docentes. Los funcionarios andaluces son con mucho los más numerosos en las listas de Muface.
En los datos de 2023, la comunidad autónoma contaba 322.868 afiliados directos -sin añadir a sus familiares- de un total de 1.537.701. La mayoría de los afiliados andaluces estaban en el cupo de Adeslas o Asisa. Por detrás de la comunidad están Galicia (101.030 afiliados), Castilla y León (110.136), Cataluña (163.165), Valencia (164.587) y la Comunidad de Madrid, con 235.982 afiliados.
Los funcionarios exigen soluciones
Desde CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas andaluzas, acusan al Gobierno de poner en riesgo la asistencia sanitaria de sus funcionarios tras la renuncia de la quiebra de las negociaciones por el concierto sanitario. "Exigimos una reunión urgente al ministro de Función Pública para que dé soluciones que garanticen la continuidad del modelo”, comparten desde el sindicato.
La agrupación amenaza con tomar “todas las medidas de presión que considere oportunas” para garantizar la continuidad de la mutualidad. De entrada, el próximo lunes, 11 de noviembre, está convocada una manifestación en las subdelegaciones del Gobierno de toda España y frente al Ministerio de Hacienda.
Desde la entidad de representación culpan al Gobierno y a las condiciones impuestas por Hacienda de la crisis. La apuesta de Moncloa, según CSIF, provoca “la salida de las aseguradoras” lo que, por ahora, elimina las garantías sanitarias para más de un millón y medio de funcionarios en toda España.
De fondo, un tira y afloja entre las compañías, que con su retirada de la negociación quieren dejar patente que no les renta un servicio que afirman genera pérdidas de 200 millones de euros. Fomento eleva su oferta un 17%, pero las compañías piden un 40% más.
En Andalucía, si el 1 de enero el Servicio Andaluz de Salud tiene que atender a los funcionarios y familiares asociados, 400.000 personas más, las listas de espera pueden eternizarse. A estas alturas, los datos publicados por Sanidad en verano advertían de que hay más de un millón de andaluces en lista de espera para intervenciones quirúrgicas.
La cifra no ha dejado de aumentar desde el año 2023, a pesar de los planes de choque de la Junta de Andalucía y el aumento de los contratos con concesiones privadas que, por ahora, no están arrojando los resultados esperados. Moreno Bonilla ya ha advertido en la presentación de los nuevos presupuestos andaluces que integran dotación récord para sanidad que “hay cosas que cambiar”. Sin embargo, subir a 400.000 personas de sopetón al barco compromete la línea de flotación.
