La financiación de la dependencia y los cuidados no llega ni al 34% de las necesidades en Andalucía

Andalucía envejece un poco más rápido que España. Su tasa prácticamente se dobla en el último cuarto de siglo. Lo dice el INE y lo dice su sistema de Dependencia, el más grande del país, pero también el más infrafinanciado. Lo denuncia la Junta de Andalucía y lo denuncian los profesionales, que piden más fondos. 

Desde CEAPs –el organismo estatal de la dependencia más importante de España en cuanto a plazas y representatividad- son contundentes, con el dinero que llega en estos momentos a las empresas que asumen los contratos públicos en asistencia a domicilio, geriátricos o dependencia “la financiación no llega al 34% en cada Comunidad”, apunta la presidenta Cinta Pascual. 

En Andalucía, los profesionales están sobrepasados. De nuevo, también en este ámbito, afloran desigualdades entre comunidades autónomas y, de nuevo, Andalucía no sale bien parada, “es preocupante la desigualdad entre comunidades. La financiación debería de estar armonizada y el Estado debería contribuir con la financiación que determina la Ley”, explica Andrés Rodríguez, del Círculo Empresarial de Cuidados de Andalucía (CECUA). 

Las cuentas no salen en la Junta de Andalucía, responsable de la gestión de la Dependencia. Esta semana, Moreno Bonilla ha reclamado al Gobierno que llegue al 50% de la financiación de la dependencia como sí lo hace en otras comunidades autónomas. "Si no hay colaboración por parte de todos, difícilmente se puede cumplir con los objetivos", dijo ante el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Moreno afirma que Andalucía ha llegado “al tope de sus capacidades financieras en el ámbito sanitario, educativo y de servicios sociales". 

Andalucía mayor sistema, pero también el más lento 

Las declaraciones sobre “el tope” de la Junta de Moreno Bonilla entran en contradicción con la presentación a fines de 2023 de unos “presupuestos históricos” para 2024, sobre todo en materia de Dependencia, con dos mil millones de euros. Sin embargo, los resultados no son los esperados. 

Los datos del IMSERSO revelan que Andalucía es la comunidad donde más tiempo se eternizan las resoluciones de expedientes de dependencia, superando algunas familias los 600 días de espera. Desde la Junta señalan la falta de financiación por parte del Estado. Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, concluye que a pesar de las mejoras en gestión “no podrá funcionar de manera adecuada sin la financiación correspondiente”. 

Sistema deficitario en todo el país 

“Esto no solo sucede en Andalucía, donde la Comunidad hace una aportación más allá de la que le corresponde”, advierte Andrés Rodríguez, de CECUA, que señala que estamos ante un sistema infrafinanciado en general, en todo el país. De hecho, a nivel europeo, la financiación es diferencial. En España estamos en una media del 0.7%, mientras que en la UE está entre el 2 y el 4 por ciento.  

El sector progresa, pero no es suficiente. Desde la Junta sacan pecho al recordar que se elevó el precio/hora en el Servicio de Ayuda a Domicilio un 24% tras 13 años congelado, algo que repercute directamente en la economía de los más de 47.000 profesionales que emplea este sector. Además, se ha elevado en un 24% el precio por la plaza para residencias y centros de día. 

Sin embargo, las carencias siguen ahí, porque la Junta incumple un acuerdo pactado en 2023 de varias tarifas. “Tendrán que hacer sus deberes, tienen que resolverlo ellos”, afirma Rodríguez, que exige que la Junta cumpla los convenios colectivos acordados. Y desde la Junta miran a Madrid. La consejera, Loles López reitera las quejas del presidente, "ningún gobierno de España ha cumplido en financiación con la ley de dependencia del 50%". 

De fondo, están las deficiencias legislativas que vienen desde la época de Zapatero y que han sido agravadas, explican desde la Consejería, por las reforma mediante Real Decreto de julio de 2023 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Ione Belarra, que aumentó la retribución de las ayudas, pero sin financiación, lo que desemboca en un “agujero” que ya supera los 200 millones de euros en las arcas autonómicas. 

Y el futuro es menos halagüeño. En 2023, según datos de la Junta, el Estado ya ingresó 500 millones menos de los que le corresponderían. La imposibilidad de nuevos presupuestos en 2024 y la probabilidad de que tampoco haya para 2025 implicará la falta de actualización presupuestaria. Andalucía podría quedarse con 400 millones menos de los que necesita el próximo curso.