"Catorce certificados". Esa es la munición que el presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez, tiene preparada para responder a una posible actuación del juez Eloy Velasco contra él por sus presuntos tratos con la trama de corrupción desmantelada en la 'Operación Púnica'. Así lo aseguró el propio político a Vozpópuli en un breve encuentro celebrado al término de una reunión que éste había mantenido la semana pasada en Madrid con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. En dicha charla, Pedro Antonio Sánchez no sólo admitió de modo implícito una de las principales pruebas que obran en el sumario contra él, un encuentro que mantuvo en 2014 con Alejandro de Pedro, el 'gurú' informático de la trama; sino que anunció que si finalmente el magistrado de la Audiencia Nacional eleva una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que éste actue contra él, dada su condición de aforado, va a demostrar "documentalmente y de forma oficial" que "no hay hechos" delictivos en su actuación pese a que un informe de la Guardia Civil apunta que pudo cometer "fraude".
Pedro Antonio Sánchez asegura que se defenderá "documentalmente" para demostrar que "no se pagó una factura, ni se hizo un contrato" a la trama Púnica
El presidente de Murcia únicamente detalló a este diario que dichas pruebas eran "catorce certificados", pero no dio más detalles sobre los mismos. Sin embargo, Vozpópuli ha localizado la mayor parte de los mismos en el propio sumario, al que fueron aportados el pasado 13 de octubre por uno de sus asesores, David Conesa Ferrer, investigado (antes denominado imputado) precisamente por su supuesta participación en las negociaciones con la trama Púnica para que ésta se encargara de la reputación 'online' del entonces consejero de Educación del Gobierno autónomo y hoy máxima autoridad de Murcia. Se trata, en concreto de trece certificados emitidos entre el 6 de septiembre y el 6 de octubre por diferentes direcciones generales y servicios del Ejecutivo regional en el que se asegura que no constan en sus archivos la firma de ningún contrato con tres de las empresas de la red ni que se hubieran recibido instrucciones para hacerlo.
La inmensa mayoría de esos documentos han sido expedidos por funcionarios de la Consejería de Educación y Universidades, de la que Pedro Antonio Sánchez fue titular hasta que encabezó la candidatura del PP en las autonómicas de mayo de 2015 que le auparon a la Presidencia. Así figuran certificados firmados por responsables del Servicio de Innovación y Formación del Profesorado, del Servicio de Formación Profesional, del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa, del Servicio de Programas Educativos, del Servicio de Educación Permanente, del Servicio de Enseñanzas de Régimen Especial, del Servicio de Universidades, del Servicio de Personal no Docente y de la Dirección General de Centros Educativos. En todos ellos se incide en que en sus bases de datos no figura ninguna referencia a que se hubiera contratado a las empresas Eico Online Reputación Management SL y Madiva Editorial y Publicidad SL, ambas propiedad del 'gurú' informático Alejandro de Pedro, o a Mistral Inv. SL, sociedad a la que los investigadores también relacionan con las 'andanzas' de la trama en Murcia.
Fondos europeos
La "documentación" que el presidente de Murcia quiere se completa con un certificado de la Dirección General de Presupuesto y Fondos Europeos del Ejeuctivo regional en el que se asegura que en las cuentas de la comunidad no figura ningún apartado para gastos en "formación" que, según la investigación, era el concepto a través del cual se iban a camuflar los pagos con dinero público a la trama por los trabajos de reputación 'online' para el político 'popular. Los otros tres documentos aportados son una copia del nombramiento en abril de 2014 de David Conesa como asesor de Pedro Antonio Sánchez cuando éste era consejero de Educación y otra del "procedimiento e instrucciones" que se seguían en este departamento para cualquier tipo de contratación. Con todos ellos, el político aseguró a este diario que pretende demostrar que "en la Región de Murcia, bajo mi responsabilidad y en lo que yo pueda decidir no se hizo nada" con la trama Púnica. "No se pagó una factura, ni se hizo un contrato ni se encargó un presupuesto ni se autorizó nada ni se ha movido ni un sólo papel en la Administración bajo mi responsabilidad", añadió.
Un certificado intenta demostrar que no se presupuestó ninguna partida para "formación", el concepto con el supuestamente se iban a camuflar los pagos a Púnica
Con estos "certificados", el político 'popular' intenta hacer frente al exhaustivo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) del pasado mes de mayo que recogía trece correos electrónicos, una docena de llamadas de teléfono, seis documentos en formato digital, 35 mensajes de telefonía y la declaración de un testigo para detallar paso a paso todo el proceso de negociación seguido para realizar dichos trabajos de reputación 'online' finalmente frustrados. Según recogía este documento policial, Alejandro de Pedro llegó a realizar en el verano de 2014 un informe "preventa" específico sobre Pedro Antonio Sánchez en el que se analizaba su presencia en las diferentes redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube) y en buscadores. El resultado fue que el 70% de las informaciones que aparecían sobre el político en Internet eran negativas, referidas sobre todo a distintas acusaciones judiciales que pesaban sobre él de su época de alcalde de Puerta Lumbreras. Una de ellas es la que ha llevado recientemente a una juez de Murcia a pedir al Tribunal Superior de Justicia de Murcia que actúe contra él por cuatro delitos por su presunto implicación en el llamado 'caso Auditorio'.
La reunión de Madrid
Ese informe 'preventa' fue presentado al propio político en una reunión celebrada en el Hotel de Las Letras, de Madrid, a la que también asistió su correligionaria Pilar Barreiro, entonces alcaldesa de Cartagena y hoy senadora. Tras aquella reunión, que es la que en la conversación con Vozpópuli el político no ha negado, De Pedro siguió ofreciendo sus servicios al entonces consejero de Educación, para lo que ponía como ejemplo de su eficacia los trabajos que habían realizado para Lucía Figar, quien ocupaba ese mismo cargo en el Ejecutivo de Madrid y que actualmente está imputada en la causa. Finalmente, a finales de septiembre preparó una oferta para Pedro Antonio Sánchez para el periodo que iba desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 31 de mayo del año siguiente, justo hasta las elecciones autonómicas en las que él finalmente encabezó la lista del PP. El importe iba a ser de 4.600 euros más IVA al mes. La Guardia Civil concluía en su informe que el acuerdo se cerró finalmente el 24 de octubre y que si no se llegó a materializar fue porque tres días después comenzaron las detenciones de los principales implicados en la trama, entre ellas la de De Pedro.
El juez Velasco puso en cuestión el testimonio como imputado del asesor de Pedro Antonio Sánchez: "¿Está tapando al consejero por algún motivo?"
El documento policial resaltaba que dicho contrato iba a pagarse "a través de facturación en concepto de 'formación' con la Consejería" que entonces aún encabezaba Pedro Antonio Sánchez. Además, destacaba la participación en aquellas negociaciones de David Conesa, el miembro de su gabinete que declaró como imputado ante el juez Velasco el pasado 4 de octubre y cuyo testimonio el magistrado puso en duda al cuestionarle si estaba "tapando al consejero por algún motivo". Nueve días después, este asesor entregaba en la Audiencia Nacional un escrito acompañado de los 13 certificados con los que solicitaba su sobreseimiento en la causa. Son los mismos con los que el presidente de Murcia quiere ahora exculparse.
