Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia ha negado este martes haber adjudicado a dedo las obras del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de este municipio. El exalcalde del PP es juzgado en la Audiencia Provincial por los delitos de prevaricación y fraude junto con otros tres acusados.
Al inicio de la primera sesión de la vista oral ha visto cómo el fiscal Anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, retiraba una de las tres acusaciones contra él, la de fraude de subvenciones, por la que pedía para él dos años de prisión y multa de seis millones de euros.
Lo hacía por una reforma en la normativa penal aprobada con posterioridad a los hechos que se juzgan, por la que ese delito solo se produce cuando quien lo comete es un particular y la perjudicada, la administración.
En el conocido como caso Auditorio fue el ayuntamiento el que recibió la subvención del Gobierno murciano para financiar la ejecución del proyecto.
Sánchez, que ha declarado por espacio de casi dos horas, ha tratado de rebatir las acusaciones de la fiscalía al insistir varias veces en que nunca existió encargo verbal al arquitecto y también acusado Martín Lejarraga y que siempre actuó dentro de la legalidad, sin que se le puedan atribuir responsabilidades por estos hechos u omisiones a los que ningún alcalde está obligado.
Para el exregidor, solo cuando la administración regional comunicó al ayuntamiento que podía contar con seis millones de euros para la construcción del auditorio se puso en marcha la maquinaria burocrática para tramitar el expediente.
Fue entonces también cuando se convocó un concurso de ideas al que se presentaron tres proyectos, de entre los que un jurado seleccionó el de Lejarraga.
Sobre la modificación que sufrió el proyecto inicial, ha insistido en varias ocasiones en que se tuvo que llevar a cabo porque tras un estudio geotécnico de los terrenos se determinó que era necesario acometer determinadas obras no previstas en principio para una mayor estabilidad y seguridad del inmueble.
Las obras, ha recordado el fiscal, comenzaron en 2008 y fueron recibidas de conformidad en septiembre de 2011, cuando según el ministerio público los trabajos no habían finalizado aún.
Sobre esa acusación, Sánchez ha comentado que “se recepcionó el cien por cien de lo incluido en el proyecto modificado y tanto el ayuntamiento como el Gobierno autonómico y la auditoría encargada por este último han probado que se gastaron en las obras los seis millones de la subvención”.
Este juicio continuará el 3 de octubre con la declaración de los otros tres acusados.
