La representación legal de José Roberto Rincón ha requerido recientemente al Juzgado de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional la nulidad de actuaciones referidas a la incautación de varios de sus bienes en Madrid, y que estarían siendo utilizados por la policía.
José Rincón Bravo fue detenido en Madrid en junio de 2018, junto a su madre, María Lila Rincón, en una operación contra el blanqueo de dinero de parte de la fortuna lograda por su familia presuntamente procedente de la petrolera púb lica venezolana PDVSA. Su padre, Roberto Enrique Rincón, fue detenido en Estados Unidos en el año 2015 por encabezar supuestamente una red que desvió 1.000 millones de dólares de PDVSA.
El pasado mes de octubre la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, aceptó asumir la causa contra los funcionarios y empresarios venezolanos investigados por integrar una organización criminal para el saqueo la petrolera venezolana y otras empresas públicas del país, que se seguía en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
La policía registró la lujosa finca La Losilla, en Madrid, propiedad de Rincón Bravo, en 2018
Los abogados de Rincón Bravo señalan en un escrito enviado al juzgado de la Audiencia Nacional el pasado día 20 de enero, que durante la fase de secreto de las actuaciones, el anterior magistrado había autorizado a la policía el uso provisional de, al menos, un vehículo incautado durante el registro de su domicilio en Madrid, el 6 de junio de 2018, en la lujosa finca La Losilla. El coche en cuestión es un Range Rover Sport, que suele tener un precio de más de 80.000 euros.
Incautaciones y subastas
Cinco meses después de aquel registro, en noviembre de 2018, los abogados del empresario venezolano se quejaron ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid de que su defendido, con ocasión del desprecinto de estancias de la finca de Rincón Bravo en Madrid, tuvo conocimiento por comentarios de los agentes policiales de que su vehículo estaba siendo utilizado por la policía, en virtud de una decisión adoptada por el juez de la que no se había tenido conocimiento.
En abril de 2019 la representación del empresario venezolano requirió al mismo juzgado que se declarara la nulidad del auto por el que se había acordado, sin previa resolución de decomiso, la utilización policial provisional del Range Rover Sport. Y también nulidad del auto por que se dispuso, igualmente sin audiencia de la defensa y sin auto de decomiso previo, de otros bienes incautados.
Prismáticos, drones y visor nocturno
Entre esos bienes se encuentran unos prismáticos marca Zeiss modelo Victory HT (con un precio cercano a los 1.000 euros); una cámara nocturna Red Digital Cinema Dragon; y un visor nocturno marca Nite Site. También dos drones, uno marca DJI, modelo Inspire (más de 3.000 euros), y otro de la misma marca, modelo Phantom 2 Vision+ (unos 300 euros).
A pesar de las reclamaciones de los abogados de Rincón Bravo sobre la nulidad de los autos en los que se permitía el empleo policial de los bienes incautados, estos no obtuvieron respuesta del Juzgado de Instrucción 41, y tendrá que ser ahora la Audiencia Nacional el organismo encargado de resolver la cuestión. El empresario venezolano podría requerir una compensación por el desgaste de los bienes usados.
La Audiencia Provincial de Madrid ha declarado recientemente nula otra medida dictada por el magistrado del Juzgado de Instrucción 41 en relación con este mismo caso. El juez habría permitido la subasta de tres coches de lujo de Rincón Bravo sin que la operación fuera comunicada al afectado, según publicó El Confidencial.
Rincón Bravo también solicitó al juzgado a finales del pasado año el desbloqueo de cuentas para hacer frente a los gastos de la explotación de La Losilla, y el abono de los salarios de las personas que allí trabajan. La finca, situada en Villarejo de Salvanés, al sur de Madrid, alberga una lujosa mansión, y en ella se explotan 4.000 olivos, 35.000 cepas de viñedos, 97 cabezas de ganado y más de una decena de caballos.
