El sector de la promoción nacional sigue sin acabar de creerse un control sobre el alquiler de viviendas de empresas. Creen que será un "bluf" y se agarran, entre otras cosas, a las promesas que les hizo el titular de Vivienda hasta hace tres meses, Pedro Saura.
"Pedro Saura nos dijo que no habría control de precios, que estemos tranquilos, así que yo creo que hay que ser prudentes", dice un directivo del sector a Vozpópuli.
"Saura decía que no nos creyéramos los anuncios políticos, que luego nada de eso se cumpliría y que estemos tranquilos, literal", dice otro. Este diario ha consultado al respecto al ahora presidente de la empresa pública Paradores pero no obtuvo respuesta.
Saura decía que no nos creyéramos los anuncios políticos, que luego nada de eso se cumpliría y que estemos tranquilos"
"Si acaba habiendo control de precios, será una muestra más de lo difícil que es invertir aquí. Vemos que hay algunos fondos entrando en lo de la vivienda a precio pactado con la Administración, pero no entendemos cómo le dan los números, porque a la mayoría por ahora no", señala uno de los empresarios consultados.
"Pero con todo lo que ha pasado desde el anuncio, cada vez dudo más de que vaya a haber algo realmente", resume el directivo de una de las principales promotoras nacionales.
PGE, legalidad, moratoria...antes del tope al alquiler
En esa línea, esgrimen que la ley de vivienda -control de precios e imposición del 30% de VPOs a nuevas promociones- pende primero de una negociación política de cara a los presupuestos 2022, en la que la postura del PNV podría ser un punto de inflexión, según remarcan distintas fuentes del sector promotor.
Luego tendrá que pasar el trámite del Tribunal Constitucional, como ya han advertido comunidades opuestas a la ley como Madrid, más allá de que tengan por su cuenta la potestad de aplicarla o no.
Finalmente, una moratoria de 18 meses que desde Transportes ya se ha comunicado. "Antes de que pueda entrar en vigor, habrá elecciones y todo quedaría en nada", esgrime uno de los promotores consultados.
Los fondos, más "preocupados"
Más "preocupados" e impacientes se muestran los fondos de inversión internacional. "Cuando estaban Ábalos y Saura, por lo menos se nos comunicaban las cosas antes de los anuncios, se nos consultaba, contaban con nuestra opinión", dicen fuentes cercanas a uno de los grandes fondos de inversión inmobiliarios y de más 'veterana' estadía en España.
"No sé qué cara se le habrá quedado a Saura después de lo de hoy", decía una de las fuentes consultadas el mismo día del anuncio. "Los fondos extranjeros quieren un 3% de rentabilidad neta anual de aquí a 30 años; a cambio, empiezan a construir mañana. Hay suelos públicos, el problema de la vivienda, la necesidad de un millón de pisos, se resuelve con colaboración público-privada", resumían. De hecho, el Gobierno, hasta ahora, solo ha fijado una inversión de 500 millones para la promoción de pisos sostenibles con cargo a los fondos europeos de la reconstrucción.
EY advierte de que los fondos podrían recortar en un 30% sus proyectos antes de 2025
Desde la consultora Ernst & Young ya han advertido de que los fondos podrían recortar un 30% de la inversión comprometida hacia nuevos pisos de alquiler de aquí a 2025 ante una eventual ley que limite los alquileres.
"Las zonas más afectadas serán aquellas en las que haya más demanda y en donde las administraciones limiten más el que haya más oferta de vivienda en el mercado. Grandes ciudades, que son polos de atracción de talento, de turismo y algunas, con poco suelo disponible por donde aumentar la oferta de viviendas", dice Montse Moreno, de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario.
Fuentes cercanas a los fondos han advertido ya de que los posibles recortes se concentrarían en las comunidades que simpaticen con la regulación del alquiler en esos términos, como Cataluña, que ya ha aprobado la suya y está, de hecho, impugnada por el propio Gobierno.
