La crisis y la flexibilidad del mercado han cambiado el panorama laboral. La estabilidad y la antigüedad en el empleo, generadoras de ingresos continuados a las arcas de Hacienda y de la Seguridad Social, han pasado a un segundo plano. Se debe en gran parte a la sobre representación de pymes y de autónomos en lugar de medianas y grandes empresas en un modelo de crecimiento económico basado en los servicios que no da más de sí. Según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), sólo la mitad de los asalariados (51% exactamente) acumula más de seis años en el empleo actual (el INE no mide antigüedades mayores). Es decir, sólo 8,6 millones de los casi 17 millones de trabajadores que tienen una nómina acumulan una cierta estabilidad más o menos consolidada en las empresas. De ellos, más de medio millón (6%) mantienen todavía un contrato temporal.
Sin embargo, esta cifra está sesgada al alza por la elevada estabilidad laboral en el sector público mientras que en el sector privado se concentra siempre la movilidad y los ajustes. Así, el 70% de los trabajadores en las Administraciones Públicas acumulan más de seis años cobrando una nómina del mismo pagador (más de 2,4 millones de empleados de los casi 3,5 millones totales). En el inicio de la pandemia ese porcentaje llegó al 74%. Esta leve reducción se debe al aumento de nuevas contrataciones, sobre todo en el sector sanitario de las Administraciones regionales, y al crecimiento del número de jubilaciones anticipadas para evitar el impacto de la reforma de las pensiones que prepara el Gobierno (ha aumentado casi un 30% en clases pasivas).
Mientras, ese porcentaje de asalariados en las empresas privadas con más de seis años en el mismo empleo se ha situado en el 46% (6,2 millones de los 13,4 millones existentes) y es del 35% en sectores como la hostelería. La aplicación de ERTES (todavía hay 200.000 trabajadores inmersos en este limbo estadístico) ha evitado que la acumulación de esta antigüedad sea aún más reducida en el sector privado.
En todo caso, la diferencia de esta estabilidad laboral entre el sector público y el privado es de 24 puntos a favor del primero. Y tiene connotaciones económicas ya que la antigüedad es un componente importante de la nómina pública, no así en la privada, ya que genera una colección de trienios que reciben una contraprestación salarial. Hay empleados, sobre todo en la Administración Central, que acumulan 15 o más trienios. Mientras tanto, los pluses salariales por antigüedad han dejado prácticamente de computarse y de abonarse en el sector privado. Sólo un 30% de las empresas lo mantienen y ni siquiera son parte de la negociación colectiva. Según la CEOE, este pago se ha ido eliminando porque reducía la productividad.
Mientras que en el sector privado se concentran siempre la movilidad y los ajustes, el 70% de los trabajadores en las Administraciones Públicas acumulan más de seis años cobrando una nómina del mismo pagador
Es difícil ahora encontrar a asalariados privados con carreras laborales largas en la misma empresa, ni siquiera en las grandes entidades. La movilidad se ha convertido en una práctica habitual. Además, la crisis actual y la devaluación salarial propiciada por la última reforma laboral están propiciando un nuevo fenómeno en las ocupaciones más demandadas. Es decir, muchas empresas, sobre todo en las medianas y grandes, no pueden retener a sus empleados más cualificados y formados ya que aceptan ‘fichar’ por la competencia ante cualquier tipo de propuesta de aumento salarial que se les proponga o de mejora de las condiciones laborales. Es lo que ha sucedido siempre cuando empieza a moverse la actividad tras un duro ajuste, pero ahora cuenta con un aditivo especial y es que es más fácil captar buenos profesionales en un mercado con sueldos muy bajos.
Otro dato curioso de esta estadística es que en las cifras de ocupación total se observa que los trabajadores por cuenta ajena mantienen también una tasa de antigüedad muy superior a las de los asalariados privados y muy cercana a la pública. Así, el 67% del empleo autónomo acumula más de seis años en su propia empresa. Es decir, este colectivo está aguantando como puede los actuales avatares porque se trata de su propio empleo.
Actividades más estables
¿Qué actividades son las más estables? Además de las Administraciones Públicas (70%) es el sector financiero y de seguros quien acumula más ocupados con al menos seis años en el empleo (un 67%). Detrás aparece la educación (incluye en este caso la pública y privada) con un 66%; las actividades artísticas y recreativas (58%); la industria manufacturera (57%) mientras que las actividades sanitarias y servicios sociales públicas y privadas alcanza el 56%.
Llama mucho la atención que, por ejemplo, bajo el epígrafe de ‘ocupados por ocupación’ se observe que hay ahora 73.000 directores y gerentes más en estos tramos de mayor estabilidad laboral (los que tienen capacidad de contratar o de hacer los ajustes) que cuando empezó la pandemia. Es decir, hay un 14% más de directivos que hace dos años cuando apenas ha habido actividad. También hay casi 160.000 técnicos profesionales y de apoyo más, es decir, la segunda línea directiva; así como 13.000 empleados administrativos en oficinas y también 50.000 artesanos más.
Mientras, se han volatilizado casi 60.000 trabajadores de la restauración y vendedores que acumulaban al menos esos seis años de antigüedad en el mismo empleo, así como 7.000 operadores de maquinaria y casi 30.000 ocupados en ocupaciones elementales.
Hay empleados, sobre todo en la Administración Central, que acumulan 15 o más trienios. Mientras tanto, los pluses salariales por antigüedad han dejado prácticamente de computarse y de abonarse en el sector privado
Esto es lo que sucede en el ‘top’ de quienes han podido acumular esa antigüedad. ¿Qué está sucediendo entre los que no pueden sumar años en las empresas? Las cifras son llamativas en los tramos con menos tiempo en el trabajo: el 30% de los ocupados en la hostelería lleva menos de un año en su actual empleo. Lo mismo ocurre con el 23% en la agricultura; el 21% en la construcción; el 18% en las actividades administrativas y auxiliares o en la comunicación e información; o el 16% en el comercio y el 15% en las actividades sanitarias así como en las inmobiliarias.
En general, la radiografía evidencia la alta rotación, la temporalidad y la falta de estabilidad: uno de cada cinco ocupados en España lleva menos de un año trabajando en el empleo actual; otro 15% lleva menos de tres años; otro 15% entre tres y seis años; y sólo el 51% lleva esos más de seis años.
Por tipo de contrato, aunque las cifras también aparecen distorsionadas por la alta estabilidad del empleo público, sale que de los casi 12,2 millones de trabajadores indefinidos existentes en la actualidad, 7,9 millones llevan más de seis años en el mismo empleo. Pero, se ha producido un descenso de 83.000 fijos en estas cohortes respecto al inicio de la pandemia. También hay 134.000 ocupados indefinidos menos en el tramo entre dos y seis años de antigüedad y 160.000 menos entre quienes suman entre uno y dos años en la misma empresa. Y hay que añadir también otras 80.000 bajas entre los fijos de quienes llevan entre seis y 11 meses trabajando.
Sólo aumenta la contratación indefinida (32.000) entre quienes llevan como empleados menos de cinco meses. Es decir, el empleo indefinido es el que peor comportamiento está teniendo en general ya que las empresas tienen muchas dudas sobre la situación económica y sanitaria. En todo caso, pese al optimismo gubernamental, desde que comenzó la pandemia han desaparecido 340.000 trabajos fijos totales (se concentran en el sector privado) y hay aún 4.000 empleos temporales menos.
