Incrementar la competitividad de las empresas es uno de los grandes objetivos a corto plazo, tanto para España como para la Unión Europea. Y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa está tomando la delantera. Primero fue la creación del Consejo de la Productividad, para impulsar nuestro tejido productivo, y esta misma semana, en Bruselas, Carlos Cuerpo ha propuesto poner en marcha un laboratorio de competitividad europeo, con el objetivo principal de avanzar hacia la unión de mercado de capitales.

Ambos anuncios, junto con el reciente informe Draghi, coinciden en el diagnóstico y en el tratamiento. La inversión privada está llamada a ser uno de los motores que guíe el crecimiento económico de la Unión Europea en los próximos años. Con ella se refuerza la competitividad de las empresas, aumentan las exportaciones y mejora la balanza de pagos, lo que se traduce en un aumento de la riqueza y una mayor creación de empleo.

Es evidente que para llevar a cabo estos proyectos las empresas necesitan fuentes de financiación, pero la elevada dependencia de la financiación tradicional –se estima que solo 3 de cada 10 empresas europeas recurren a los mercados de capitales– puede limitar la capacidad de innovación de muchas de ellas, especialmente de las pymes, donde menos del 5% opta por esta vía de financiación.

Sin embargo, para que el mercado de financiación alternativa crezca, es imprescindible que los inversores confíen en los activos y proyectos en los que depositan su capital. Y, en este sentido, el Ministerio de Economía también ha dado un paso al frente con la propuesta de crear un mecanismo de armonización de los ratings de crédito para pymes. Los ratings de crédito son, al fin y al cabo, la herramienta clave que los inversores utilizan para evaluar la solvencia de los proyectos en los que invierten.

Todavía no conocemos todos los detalles de esta iniciativa, pero debería aspirar a un doble objetivo: incentivar que más pymes se sumen a la obtención de calificaciones crediticias, indispensable para acceder a estos mercados, y asegurarse de que los procesos de calificación tengan en cuenta las particularidades de este tipo de empresas.

En cuanto a este último punto, algunas CRAs ya nos hemos adelantado y adaptado nuestras metodologías para considerar las características propias de las pymes, como su tamaño, la naturaleza de su actividad, su estructura de gobierno corporativo y la tipología de sus fuentes de financiación. Y a estas debemos sumar el componente de la sostenibilidad, con la evaluación de los riesgos físicos y de transición que pueden afectar a las empresas –y, por tanto, a su solvencia–, y que necesariamente deben ser integrados en los procesos de calificación.

En definitiva, si bien queda mucho por hacer, creemos que el camino hacia un mercado de capitales más accesible para las pymes es más corto de lo que podría parecer. Las pymes ya cuentan con CRAs especializadas en la medición no solo de los riesgos financieros, sino también de aquellos relacionados con la sostenibilidad. Anticiparse a estos procesos de evaluación les permitirá posicionarse de manera competitiva en un mercado de capitales que, sin duda, crecerá y se consolidará en los próximos años en Europa.

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