Daniel Sirera denunciaba a finales de 2007 en un artículo titulado “Una verdad incómoda sobre las inversiones en Cataluña” publicado por la por la Fundación FAES, que las inversiones se estaban congelando en la región, provocando una fuerte subida de la indignación social. La fundación es presidida y, sobre todo, liderada ideológicamente por José María Aznar, ex presidente del Gobierno entre 1996 y 2004.
Sirera, responsable entonces del PP catalán, señalaba que “Cataluña necesita más inversiones en infraestructuras para mejorar su competitividad”, insistiendo en que, desde 1999 hasta 2004, final de la legislatura del propio Aznar, el incremento de la inversión fue del orden del 33% anual.
Sin embargo, la llegada del zapaterismo redujo, conforme dicho estudio, la cifra de manera drástica. “La ineptitud socialista ha provocado la indignación de los catalanes hasta el punto de que, por primera vez en la historia, el Parlamento de Cataluña ha pedido formalmente en una resolución aprobada en Pleno el cese de la ministra de Fomento”.
En el estudio hay profusión de datos y además, se incluye un importante número de proyectos de infraestructuras paralizados.
Bono basura
Una indignación social cuyos últimos coletazos son perfectamente conocidos por la sociedad española. La Diada del pasado 11 de septiembre ha tenido un sesgo decididamente independentista y el Gobierno catalán exige el pacto fiscal como acuerdo de mínimos. Eso sí, a su vez, Cataluña ha solicitado acogerse al fondo de liquidez de las CCAA (ser rescatada, en definitiva) y las agencias de rating le han bajado su calificación por debajo del investment grade (bono basura), precisamente por sus tensiones con el Gobierno central.
En la agencia destacan que "la rebaja está bastante fundamentada en las dificultades de liquidez y en ese sentido las posibles tensiones entre Estado y Autonomía aumentan el riesgo de que esa liquidez llegue a Cataluña; de ahí la rebaja". Cuestión de lógica: si se solicita un rescate a un estado y a la vez se le presiona políticamente, la situación empeora.
Aunque S&P amenaza con rebajas a Cataluña exclusivamente por su gestión política, la misma agencia afirma que el déficit presupuestario de las regiones no tendrá impacto en el rating. Es decir, da por descontadas las malas cifras de la región, pero otorga una mayor incidencia en el riesgo de impago (que es lo que mide el rating, en definitiva) a los devaneos independentistas.
