Teresa Ribera tiene la luz verde de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) para su hachazo a los dividendos al carbono o beneficios caídos del cielo (windfall profits). La CNMC ha aprobado de forma unánime, con pequeñas matizaciones, el anteproyecto de ley que lidera el Ministerio para la Transición Ecológica. El organismo reconoce que durante este estudio ha recibido “alegaciones” de grandes empresas como Iberdrola, Endesa y EDP.
Las tres empresas más afectadas por el “Anteproyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico”, que recorta la retribución que reciben sus centrales nucleares e hidroeléctricas. La CNMC ha recibido más alegaciones de otras empresas del sector como Red Eléctrica, Acciona o Repsol.
Los argumentos que han utilizado las empresas para conquistar a la CNMC a su causa son confidenciales. Pero algunas fuentes conocedoras de este informe han avanzado a Vozpópuli algunos argumentos que se han presentado para intentar tumbar este anteproyecto de ley a través de Competencia.
Las alegaciones que han presentado las empresas a la CNMC transmiten que los cálculos del equipo de Teresa Ribera se basan en hipótesis falsas y distorsionan el mercado. Las empresas contactaron con Competencia para demostrarle que esta normativa no arreglará el problema que pretende solucionar: bajar la factura de la luz a los consumidores.
Todas sus alegaciones buscan el respaldo de la CNMC para tumbar este anteproyecto de ley y demostrar tanto que los windfall profits no existen como que sus instalaciones no están sobre retribuidas. Las energéticas que han presentado información al organismo que preside Cani Fernández han transmitido su desacuerdo total con esta iniciativa.
El informe de Competencia ha contado además con comentarios del Ministerio de Consumo, la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León. Además, asociaciones como la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc), el Foro Nuclear, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizada (AEMEC) o la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA Renovables) han querido transmitir sus inquietudes.
La CNMC respalda a Ribera
Pese a estas alegaciones, el organismo que preside Cani Fernández ha dado luz verde a la normativa que lidera Teresa Ribera. Aunque propone algunos cambios. Para la CNMC es especialmente relevante que los ingresos derivados de esta Ley se destinen a reducir el coste de la energía que afronta el consumidor eléctrico.
Su informe señala que, teniendo en cuenta que el incremento en la retribución del CO2 que perciben las tecnologías no emisoras repercute en los consumidores finales de electricidad como un mayor coste de energía, los ingresos recaudados por esta normativa deberían utilizarse para minorar el coste de energía y no el de los cargos.
La normativa que propone Teresa Ribera contempla dedicar lo recaudado, en un 90%, a financiar los costes regulados relativos a las energías renovables, reduciendo los cargos que pagan los consumidores. Mientras que el 10% restante se destinará a financiar las políticas de lucha contra la pobreza energética mediante transferencias a las administraciones públicas para atender el suministro de los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social.
Finalmente, la CNMC señalan varias consideraciones particulares que pueden ayudar a conseguir una estimación más ajustada de los sobre-ingresos realmente percibidos por las instalaciones por la internalización del precio del CO2 en el mercado de electricidad. Pero todos sus consejeros han aprobado de forma unánime esta propuesta de Transición Ecológica.
