El gasto del sector público ha aumentado durante la crisis en unos 100.000 millones, aproximadamente el 10 por ciento del PIB, y de ese incremento el 71 por ciento se corresponde con las partidas del Estado del Bienestar, según un informe de la Fundación de Estudios Financieros confeccionado por David Taguas, director de la Oficina Económica de 2006 a 2008 y ahora director del Instituto de Macroeconomía y Finanzas de la Universidad Camilo José Cela.
Sólo en 2012, los desembolsos del conjunto de las Administraciones han engordado en 1,86 puntos para situarse en el 45,01 por ciento del PIB, desde el 37 por ciento que se registraba allá por 2007. Es decir, pese a los recortes, el ministro Cristóbal Montoro no consiguió rebajar el montante de gastos en el ejercicio pasado.
Y buena parte de la explicación reside en que precisamente desde ese mismo año, 2007, las partidas asociadas al gasto social han crecido unos 6,55 puntos, dejando el total de los desembolsos relacionados con el Estado del Bienestar en el 36,91 por ciento del PIB.
Y aunque parte del crecimiento del gasto en pensiones se deba a razones demográficas, la crisis también ha acentuado el peso de estas prestaciones en el PIB.
Titulado 'Las finanzas públicas españolas en el inicio del Siglo XXI: los efectos de la crisis financiera de 2007', el documento destaca que el déficit público del 2012, una vez excluidas las ayudas a la banca y los recortes que no son estructurales y por lo tanto no tienen efecto en 2013, alcanzó el 8 por ciento del PIB. Y semejante cifra implica que ahora hace falta una reducción del déficit superior a los 20.000 millones, si se pretende conseguir el 6,5 por ciento de déficit comprometido para este ejercicio.
La política fiscal, errónea
En opinión de Taguas, si bien el alza del IVA o de los especiales era algo razonable, las sucesivas subidas en el resto de impuestos, como los marginales del IRPF y del ahorro, Sociedades y Patrimonio, han resultado desproporcionadas. En definitiva, han distorsionado el comportamiento de los agentes económicos y, por consiguiente, han magnificado el impacto negativo de la crisis sobre la actividad y el empleo, con muy escasos efectos recaudatorios.
A pesar de los incrementos del IVA, los ingresos por este concepto aún caen 1,8 puntos respecto al inicio de la crisis. E incluso habiendo elevado tanto la presión fiscal sobre el IRPF, el ahorro, Patrimonio y Sociedades, la recaudación por impuestos directos aún es 2,76 puntos menor que antes de la Gran Recesión.
De hecho, al más puro estilo de Laffer, Taguas destaca que en el periodo entre 2004 y 2007 el crecimiento de la recaudación superó con mucho el del PIB pese a que se rebajaron los impuestos.
Y para cubrir ahora el desfase entre los gastos e ingresos se está recurriendo al endeudamiento. Éste se disparó durante la crisis en 500.000 millones. En 2012, el Gobierno del PP se anotó una nueva cantidad récord: 15 puntos del PIB más, una deuda que abonarán las generaciones futuras.
Un ajuste poco adecuado
Taguas recuerda que históricamente las consolidaciones fiscales con éxito se han basado en la reducción del gasto no productivo, mientras que las que han fracasado han puesto la carga del ajuste sobre los impuestos.
Y de acuerdo con este criterio, el proceso de consolidación fiscal en España no ha sido virtuoso, pues se ha fundamentado en el incremento de los tributos y el recorte a la inversión, los cuales explican el cien por cien de la mejora del saldo presupuestario tras excluir las inyecciones a las entidades financieras.
Preocupante falta de ahorro
Por otra parte, los impuestos han penalizado el ahorro de las familias, que se situó en 2006 en el mínimo del 6,26 por ciento del PIB para disparase al entorno del 12 por ciento en 2009 y luego hundirse hasta el 5,25 por ciento del PIB o el 8 por ciento de la renta disponible en la actualidad.
Tal y como refleja el documento del FEF, el ahorro de las familias y el ahorro público se encuentran en niveles históricamente bajos, y ello tiene consecuencias muy funestas. Que el ahorro público toque un punto tan bajo deja muy claro la insuficiencia de la consolidación fiscal.
Y el hecho de que las familias tengan que recuperar su ahorro cuestiona cualquier aumento del consumo y por tanto una mejora de la economía a corto plazo. Por si fuera poco, en el contexto de unos mercados constreñidos, la ausencia de ahorro lastra también la inversión y, en consecuencia, aleja la perspectiva de una recuperación.
