La entrevista entre Solomont y Soria se produjo en la primera semana de julio, después de la presión ejercida a diferentes niveles por los grandes fondos internacionales que en los últimos meses se han esforzado en entrar en contacto directo con la Moncloa para influir en la nueva regulación que el Gobierno ultima para el sector eléctrico.
El diplomático salió con la impresión de que el ministro Soria es un “autómata” y que la decisión final sobre la solución al déficit de tarifa no reside tanto en los despachos de Industria como de la Oficina Económica de La Moncloa que dirige Álvaro Nadal.
El pasado miércoles, Soria descartó un recorte retroactivo de las primas a las renovables para enjugar el enorme déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico) acumulado porque “podría introducir elementos de inseguridad jurídica”. En su lugar, ha optado por una batería de medidas fiscales (tasas a las diferentes tecnologías de generación), aún en estudio y cuyo detalle todavía se discute con el Ministerio de Hacienda.
El presidente de la patronal de los pequeños promotores, Anpier, dijo este martes, tras reunirse con técnicos del Ministerio de Industria, que este departamento analiza introducir una tasa a la generación fotovoltaica (de en torno al 19%, aunque el gravamen "no está cerrado") a cambio de dar marcha atrás al recorte de horas con derecho a prima que entró en vigor el año pasado y que ya supuso una reducción de los ingresos del sector: "Es posible que haya una revisión normativa", dijo, "aunque no es seguro". El ministerio "baraja varias posibilidades", dijo.
Ese recorte del 30% ha recibido el aval del Tribunal Supremo, aunque ha sido objeto de una denuncia de 14 fondos de inversión y empresas energéticas extranjeras (entre ellas, varias estadounidenses) ante un tribunal de arbitraje en Ginebra (Suiza).
Según fuentes gubernamentales, Solomont actuó como portavoz de los grandes fondos de inversión americanos, preocupados por los perjuicios que puede causarles la reforma energética que ultima el Gobierno.
Un grupo de estos fondos se dirigió por carta hace dos semanas al equipo económico para frenar, como mínimo, la retroactividad de los cambios que se introduzcan en las ayudas a las renovables. Parte de estos fondos amenazaron, incluso, con acciones legales para intentar enterrar la reforma en caso de que la desaparición de las primas con efecto retroactivo sea un caso flagrante de inseguridad jurídica.
Los fondos americanos se quejan de las inversiones que han quedado en el aire como consecuencia de la incertidumbre regulatoria que afecta al sector energético.
