El Gobierno de la Generalitat se encuentra en una difícil encrucijada a cuenta de la mayor de sus privatizaciones: la de la gestión de Aguas del Ter-Llobregat (ATLL), ejecutada a finales de 2012. La pasada semana, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) falló en contra del recurso interpuesto por el Gobierno catalán por la decisión del Organo Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) de tumbar la adjudicación de ATLL al consorcio de Acciona y BTG Pactual.
Antes de dicho fallo, el Gobierno de Mas tenía claro que acudiría al Supremo en el caso de una respuesta negativa de los tribunales. Pero el TSJC ha descolocado al Ejecutivo regional.
El problema no es de índole jurídica sino económica. Un recurso al Supremo, al que sí acudirá Acciona por su parte, supondría prolongar la judicialización del proceso, lo que haría que el consorcio adjudicatario acumulara algunos meses más de actividad en ATLL, donde trabaja desde el pasado 1 de enero.
Si finalmente el Supremo volviera a tumbar la adjudicación, las indemnizaciones que la Generalitat tendría que pagar al consorcio se irían, como poco, por encima de los 60 millones de euros.
Complicada indemnización
En el recurso que presentó contra la decisión del OARC, la Generalitat insistió en el perjuicio que ocasionaría en sus cuentas el hecho de tener que revocar la concesión, toda vez que el Gobierno regional recibió un anticipo del consorcio adjudicatario cercano a los 300 millones de euros, que tendría que devolver al grupo de Acciona y BTG Pactual.
El TSJC señala en el auto que rechaza las medidas cautelares solicitadas por el Ejecutivo que encabeza Artur Mas que ese anticipo sería igualmente abonado por el nuevo adjudicatario, en este caso Agbar, por lo que no se generaría agujero contable alguno.
Pero el problema para el Gobierno catalán no es el anticipo ni tampoco los 1.000 millones de euros del total del contrato, que se apuntó contablemente en 2012, sino las indemnizaciones por daños y perjuicios que tendría que afrontar si finalmente debe deshacer el camino y arrebatar la concesión a Acciona.
Sólo en gastos de personal y de servicios que ATLL tiene externalizados, el consorcio adjudicatario se gastará en torno a los 25 millones de euros en el primer año, a los que se sumaría un canon de algo más de 10 millones en 2013 correspondiente a lo que aún le resta por pagar del contrato. A ello también hay que añadir las inversiones realizadas por el consorcio en este tiempo.
Subida del precio del agua
Además, la Generalitat también se enfrenta a costes intangibles. Por ejemplo, la subida que experimentará el precio del servicio de agua en Barcelona y el resto de localidades de las que depende el servicio en alta de ATLL, ya que la propuesta de Agbar incluía una subida del 23,4% en el precio del metro cúbico de agua a aplicar de una vez en 2013, mientras que la de Acciona suponía elevar el precio un 10,75% en los próximos dos años.
Por otra parte, la oferta de Agbar no garantizaba el mantenimiento de los empleos de ATLL a lo largo de toda la concesión (30 años), con las repercusiones que ello podría tener en un momento en el que el paro es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos habida cuenta de que los últimos datos hablan de tasas próximas al 27%.
