Hace ahora 20 años el grupo español Transáfrica, fundado por la familia Salama a finales del siglo XIX en Melilla, fue objeto de una investigación fiscal. La compañía, especializada en la comercialización de materias primas, se había convertido en un importante holding empresarial del que colgaban diversas sociedades, participado en un 49% por el grupo suizo André & Cie, con negocios financieros, cadenas de supermercados, de bricolaje... Los Salama eran algo así como el Marc Rich -el conocido como rey de las materias primas, fallecido en 2013- español.
En 1997 se incoaron actas arrojando una deuda tributaria de 2.382 millones de pesetas, cantidad que superaba los fondos de Transáfrica. Comenzaban así a caer las piezas del dominó del entramado empresarial ligado a los Salama que derivó en el escándalo del caso de la agencia de valores AVA, con sede en Zaragoza, que dejó pillados a miles de pequeños inversores, muchos de ellos aragoneses, con una deuda cercana a los 14.000 millones de pesetas, similar al de otro escándalo financiero de la época, Gescartera. Casi dos décadas después, el caso AVA revive en la lista de morosos publicada recientemente por la Agencia Tributaria. Transáfrica figura entre las empresas que deben dinero a Hacienda, 10,7 millones de euros.
A la inspección fiscal a la que fue sometida en 1996 Transáfrica se sumó poco después la caída del banco argentino UNB Medefin, controlado por la empresa Socimer, propiedad de Transáfrica, y con sede en Bahamas. El grupo de la familia Salama se había embarcado en la adquisición de la entidad financiera argentina descubriendo un déficit patrimonial de 15.000 millones de pesetas.
En marzo de 1998 Transáfrica suspendió pagos (lo que hoy es declararse en concurso de acreedores), como también hizo AVA. Dos años después la empresa acordó un convenio de pago con los acreedores, entre los que Hacienda era uno de los mayores, que contemplaba una quita del 60% de la deuda. El grupo no pudo cumplir el convenio y fue a liquidación.La compañía española requería fondos para cubrir ese desfase del banco argentino. Para ello gestionó valores depositados en la agencia AVA efectuando operaciones presuntamente ilegales. Socimer a través de AVA lanzó un producto financiero de muy alta rentabilidad consistente en la inversión en mercados de futuros en países latinoamericanos; se trataba de un producto sofisticado, de alto riesgo, que se puso al alcance de pequeños inversores. Pero el agujero del banco argentino se lo tragó todo y reventó la posibilidad de devolver a los inversores su dinero quedando atrapados miles de personas.
Daniel Salama, consejero de Transáfrica, preside hoy Urbar Ingenieros
En 2001, el fiscal a cargo del caso AVA fue especialmente duro con los administradores de Transáfrica. Para el presidente, Rafael Salama Benoliel, solicitó 15 años de prisión y el pago de una multa de 18,2 millones de euros. Para el auditor de Transáfrica, de KPMG, requirió tres años de prisión por falsedad documental. Diez años después, el Ministerio Fiscal y los principales acusados del caso AVA pactaron un acuerdo que evitó la celebración de juicio oral. Salama aceptó una pena de seis meses de cárcel por delito continuado contra el patrimonio.
Transáfrica ha continuado presentando cuentas al menos hasta el año 2014, último ejercicio disponible de la empresa en Registro Mercantil. En la memoria de las cuentas el administrador judicial designado en la compañía -Luis Romasanta Marquínez, miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, nombrado en el año 2000 interventor del Atlético de Madrid- explica que en 2011 la Agencia Tributaria, que había embargado los bienes de Transáfrica, ejecutó los mismos "ingresando la totalidad de los saldos de la sociedad en el Tesoro Público".
Rafael Salama Benoliel aparece hoy según datos del Registro Mercantil, consultados a través de Insight View, como consejero de la empresa Española de Pilas de Hidrógeno, Ephisa, constituida en Madrid en 2013 "cuya estrategia de negocio se basa en el desarrollo de tecnología propia y optimización de funcionalidades y costes en el ámbito de las pilas de hidrógeno", explica la compañía en su página de internet. Daniel Salama Millet, que fue fundador y presidente de Socimer International Bank, y ejecutivo de Transáfrica, es hoy presidente de la cotizada Urbar Ingenieros.
Vozpópuli ha tratado durante esta semana de contactar con ellos, sin lograrlo. El pasado mes de abril Romasanta Marquínez cesó como administrador judicial de Transáfrica. La dirección que aparece en las últimas cuentas de Transáfrica como su domicilio, en la calle Pintor Rosales de Madrid, es errónea. El administrador judicial de Transáfrica explica también que la compañía había tratado en varias ocasiones de hacer valer la prescripción de la deuda tributaria, logrando sentencias en contra y a favor. En 2015 finalmente el Tribunal Supremo elevó la deuda con Hacienda del grupo a los 12,1 millones de euros.
