La gran reforma energética está por llegar. El ajuste energético que anunció ayer el Gobierno (subida del 7% de la luz y recorte de 1.700 millones de costes) es un puro trámite para hacer frente a las exigencias del Tribunal Supremo y devolver con urgencia a las eléctricas unos 3.150 millones de euros a cuenta de los desajustes de los últimos seis meses. Pero aún hay unos 4.500 millones de euros de déficit pendientes de resolver y la tijera del ministerio de Industria sigue apuntando a una solución compartida entre todos, incluidos una vez más los consumidores, el Estado y los operadores. "Tenemos en estudio muchas medidas que se van a afectar mucho a la economía. Es muy complicado", advertía ayer el secretario de Estado, Fernando Martí (ex consejeo de la CNE).
El Gobierno no dio apenas pistas, pero lo que sí dejó claro es que las medidas y soluciones están despertando choques del ministerio de Industria con Hacienda y Economía. "Es todo muy complicado. Montoro nos dice que no hay dinero. Las cuentas fiscales están muy mal", decían ayer en la secretaría de Estado de Energía. Entre tanta confusión y tecnicismos, incluso la secretaría de Estado tanto resumió que ayer llegó a decir en rueda de prensa, que "consumidores y Estado eran lo mismo. Siempre paga el consumidor". No le falta razón. Pero, no es lo mismo que el recibo de la luz tenga que subir de nuevo un 7% en la revisión del próximo trimestre, o que gracias a que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, intente hacer un hueco al agujero energético en los Presupuestos y que alguna de las partidas se cuelen con cargo al Estado.
De hecho, una de las partidas que más preocupa al sector son los llamados costes extrapeninsulares. El sistema podría encarecerse con 1.900 millones de euros extra, por la dificultad de Industria de colocarlos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), como así plantea el real decreto 6/2010, según la cual, este tipo de costes debía ir pasando de forma gradual a los PGE. Con este nuevo problema, los costes del sistema se dispararán de nuevo, y pese a que aumento los ingresos, el déficit de tarifa seguirá siendo un problema grave sin resolver (los presupuestos debían asumir en 2009 un 17%; en 2010 un 34%; en 2011 un 51%; y en 2012 un 75%). A partir de 2013, deberá correr a cargo de los PGE, y no de la tarifa.
Pero no este no es el único problema. El Gobierno está pendiente de si prosperan otros recursos presentados ante el Supremo por las eléctricas en contra de la decisión del anterior Gobierno de trasladar a estas empresas los costes de los planes de ahorro y eficiencia energética. No obstante, Industria podrías responder con más recortes a las eléctricas para hacer frente al pago que exigen.
El Gobierno está diseñando la gran reforma energética, que prevé anunciar en los próximos dos meses. El agujero es de 4.500 millones de euros, según los cálculos que dio ayer la secretaría de Estado de Energía, y el tope legal que tiene el sistema eléctrico de endeudamiento es de 1.500 millones para 2012. "Hay que buscar la fórmula para los próximos años", afirmó Martí. "Es muy precipitado saber si vamos a ir por ingresos (subidas de luz) o gastos (recortes). Si tenemos la suerte de no tener que subir la luz, estaríamos encantados, pero es muy difícil predecirlo", señaló Marti. Su "voluntad" es que no recaiga enteramente sobre el consumidor.
Las eléctricas, que registraron ayer fuertes subidas en bolsa (sobre todo REE -registró un alza del 4,19%-, y Enagás, -3.96%-), expresaron un fuerte malestar con el Gobierno a través de un comunicado de su patronal Unesa. El Gobierno ha recortado costes de distribución, transporte, pagos por capacidad, incentivos a la quema del carbón; ha dejado en el aire la construcción de nuevas infraestructuras energéticas (recorta la inversión a REE y Enagás) “porque no se necesitan”. Ahora, la gran reforma podría seguir su foco en recortes o tasas a las nucleares, energía renovable (termosolar), etc.
