El cobro por el uso de las carreteras para poder sufragar su mantenimiento le costará al Gobierno en torno a 600 millones de euros. Son los cálculos realizados en un estudio presentado hace unos días en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia, una más de las referencias con las que cuenta el Ejecutivo para llevar a cabo una iniciativa que se retrasa por momentos.
El estudio, presentado por José Manuel Vassallo, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y uno de los autores del mismo, pone de manifiesto que el actual modelo de concesiones en España está anticuado y que se ha mostrado ineficaz.
Sin embargo, por el momento no se atisba voluntad política para llevar a cabo esta iniciativa que supondría unos ingresos extras cifrados aproximadamente en 4.000 millones de euros anuales. Por el momento, los planes más avanzados los tiene la Comunidad de Madrid, aunque el Ejecutivo regional que comanda Esperanza Aguirre ya ha dejado claro al Gobierno central que no dará un primer paso sin ir de su mano.
Además, el estudio advierte precisamente de que una implantación parcial del cobro por el uso de autovías resultaría muy ineficiente, por lo que debería realizarse de acuerdo con las normativas establecidas por la Unión Europea y en toda España al mismo tiempo.
En cuanto al sistema técnico, cada vez cobra mayor ventaja el de los denominados arcos inteligentes, pórticos que detectarían el paso de los vehículos para después facilitar la facturación del peaje sin la necesidad de que los coches tuvieran de detener su marcha. Los expertos aseguran que se trata de un sistema relativamente sencillo de implantar y que ha demostrado su eficacia en los reiterados usos que ha tenido en otros países.
Recortes en el mantenimiento
El meteórico crecimiento de la red de carreteras en España, al calor de los fondos comunitarios que comenzaron a llegar con la incorporación del país a la Unión Europea, ha hecho que se disparen los costes del mantenimiento de las vías que, con la llegada de la crisis, ha tomado el carácter de insostenible.
La red secundaria es la que más está pagando estas consecuencias, hasta el punto de que su mantenimiento se ha deteriorado tanto que esta causa está detrás de la reducción del límite de velocidad en este tipo de carreteras decretado por el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Tráfico. La cantidad destinada al mantenimiento de carreteras se ha reducido un 40% en los últimos dos ejercicios, con un consiguiente incremento de la siniestralidad.
Por su parte, Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) han mostrado su total rechazo ante la posible intención del Gobierno de establecer peajes en las autovías españolas para financiar la conservación de las carreteras. Así, el presidente de AEA, Mario Arnaldo, en declaraciones a Europa Press, se mostró "radicalmente en contra" de esta posibilidad, ya que, en su opinión, es "una regresión al pasado", con el derecho de portazgo de la Edad Media.
