La sede madrileña de IESE Business School acogió este jueves a prácticamente todos los primeros espadas del sector energético (excluyendo a los de Iberdrola, que presentaba sus resultados anuales en Londres), en una cumbre de facto: un encuentro organizado por la escuela de negocios y el banco de inversión Goldman Sachs para debatir el futuro de la política energética.
Pero el futuro, en palabras del presidente de Endesa, Borja Prado, es "incierto" y depende de "la labor de una persona", el ministro de Industria; y dado que prever lo que va a ocurrir es "imposible", en expresión del presidente de Gas Natural, Salvador Gabarró, el encuentro acabó pivotando, como era de esperar, en torno al mayor problema del sector, lo que el consejero delegado de Endesa, Andrea Brentan, calificó como el "agujero negro" del déficit de tarifa.
El desfase entre ingresos y costes reconocidos del sistema eléctrico, que ya ronda los 30.000 millones, amenaza con aniquilar al sector, según el ejecutivo italiano ("Estaremos muertos si no salimos", dijo), que instó a "reconocer" que el del déficit es un "problema de Estado", que ha sido creado por este último, por la negativa de los sucesivos Gobiernos a subir la luz y reconocer la diferencia en forma de deuda. Brentan reclamó un "plan transparente en el que el Estado tenga una parte importante hasta que repunte la demanda", algo improbable a corto plazo porque, como señaló el presidente de Unesa, Eduardo Montes, la caída del consumo "es cada vez mayor; no para".
Las empresas critican la inseguridad regulatoria: "No hay quien se fíe de una ley ahora en España", dice Iberdrola
¿Consistiría ese "plan transparente" que reclama Endesa en un rescate de las eléctricas por parte del Estado? Según la empresa, no; se trataría, más bien, de una ley integral que dé una solución al problema. Brentan recordó que la calificación de la deuda de las empresas del sector está ya "cerca del bono basura" y aseguró que "los agentes del sector no pueden soportar más recortes", pero reclamó para el sector "reformas muy urgentes, estructurales", para incrementar "la competencia y la competitividad".
En la clausura del encuentro, el ministro de Industria, José Manuel Soria, reiteró el "compromiso y objetivo del Gobierno" de ir titulizando "íntegramente" todo el déficit acumulado y poner fin al incremento del desfase, "coincida o no coincida" con los intereses de los distintos agentes.
Antes de la intervención de Soria, el director general de Endesa, José Casas, criticó las continuas desviaciones respecto a las previsiones iniciales del regulador. "Si en una empresa alguien se desvía en 1.200 millones de euros pasan cosas", pero en España, donde las primas de 2012 han sido superiores a lo previsto en esa cuantía, "no ha pasado nada", se quejó. Y pidió un imposible: "Borrar el año 2012 de la regulación energética sería buenísimo", dijo.
Las primas verdes, que Brentan pidió que se sigan "ajustando", y las críticas a los continuos cambios regulatorios ("No hay quien se fíe de una ley ahora en España", dijo Carlos Salle, director de Regulación de Iberdrola), coparon buena parte de la jornada, en la que se pudo ver a algún exalto cargo de la etapa del PSOE (como María Teresa Costa, expresidenta de la Comisión Nacional de la Energía, y a varios consejeros del regulador) y en la que predominaron los ponentes de las grandes eléctricas.
Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural, reconoció que "España tiene una energía cara" y lo atribuyó, fiel a su discurso de los últimos años, a los "subsidios" a las renovables: 26.000 millones desembolsados en el último lustro "para que el mundo se quede como estaba", ya que el esfuerzo de España es "una gota en el océano". Según sus cálculos, ese desembolso en primas de los últimos cinco años equivale a pagar 236 euros por cada tonelada de CO2, cuando en el mercado se paga a 13,56 euros (17 veces menos).
