Marejada interna en la cúpula directiva de la Empresa Nacional de Residuos (Enresa), responsable de ejecutar la mayor infraestructura pública de la actual legislatura, el futuro almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad de Villar de Cañas (Cuenca).
Fuentes de la empresa han confirmado la destitución del secretario general y del consejo de administración, Jesús Moreno Vivas, en un movimiento que fuentes sindicales atribuyen a “desavenencias con la presidencia de Enresa”, que desde junio de 2012 ocupa el exalcalde de Ciudad Real Francisco Gil-Ortega, hombre muy cercano a la secretaria general del PP y presidenta castellano-manchega, María Dolores de Cospedal.
Fuentes de Enresa niegan esas discrepancias y se limitan a señalar que el consejo de administración de la compañía ha acordado, “en uso de sus facultades, sustituir al secretario general”.
Moreno Vivas llevaba en la secretaría general de Enresa desde finales de 2012 y procedía del grupo Correos, donde también había sido secretario del consejo, entre otras funciones. Era uno de los siete miembros del comité de dirección de Enresa y de él dependían dos importantes direcciones, las del Servicio Jurídico y Recursos Humanos.
Su nuevo destino es, desde hace unas semanas, el departamento Penal de la Subdirección General de lo Contencioso de la Abogacía del Estado. La sustituta de Vivas en Enresa es otra abogada del Estado, Fabiola Gallego Caballero, que hasta su nombramiento era secretaria técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La salida de Vivas se ha producido en un momento clave para el ATC, el proyecto más importante de la historia de Enresa, cuyo presupuesto actual ronda los 1.000 millones de euros, y ha sido la antesala de un aluvión de licitaciones para impulsar la infraestructura.
La empresa pública, ante el temor a un retraso en la ejecución del silo que puede suponer, entre otras cosas, una penalización para el Estado de 70.000 euros diarios si no regresan a tiempo los residuos españoles que actualmente custodia la francesa Areva, ha acelerado las licitaciones en las últimas semanas.
Y acaba de sacar a concurso el mayor contrato licitado hasta ahora para el ATC: la ejecución de la Obra Civil Principal de las instalaciones nucleares de las Fases 0, 1 y 2 de la instalación, por un valor estimado de más de 272 millones de euros y un plazo de ejecución de 58 meses a partir de marzo del año que viene, una vez obtenga las licencias del Ministerio de Industria y el ayuntamiento conquense.
El contrato incluye, entre otras actuaciones, la terminación de la construcción del Almacén de Espera de Contenedores en 12 meses desde la autorización de la construcción por parte de Industria y la terminación de los Módulos de Almacenamiento 1 y 2 en 24 meses desde la obtención de ese permiso.
Consciente de lo ajustado de los plazos del ATC, que también tiene pendiente la criba del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la declaración de impacto ambiental positiva del Ministerio de Medio Ambiente, la empresa, que tiene previsto realizar más sondeos para certificar la idoneidad de unos terrenos cuya elección (atribuida a una decisión política de Cospedal) todavía se cuestiona desde distintos ámbitos, ha previsto incentivar la puntuación de las ofertas que agilicen la finalización del proyecto, según se recoge en la documentación del pliego de condiciones. Las ofertas podrán presentarse hasta el próximo 27 de octubre.
