Ineco ha protagonizado un nuevo caso de empresa pública que ha sido sancionada por comportamientos irregulares con representantes sindicales. En este caso, ha sido la Inspección de Trabajo la que ha sancionado a la ingeniería por no proporcionar una serie de documentos que había solicitado un delegado sindical de CCOO.
En concreto, la compañía se negó a facilitar al representante de los trabajadores documentación sobre los contratos temporales de trabajo registrados en Ineco desde el pasado 1 de enero. El delegado solicitó la relación de los contratos de este tipo ante la sospecha de que se estaban generalizando en Ineco desde que se aprobó el expediente de regulación de empleo (ERE) a finales del pasado ejercicio, que ha afectado a unos 400 trabajadores.
El representante de los trabajadores también reclamó hasta ocho documentos más en relación con la situación de algunos colectivos de trabajadores y sobre proyectos técnicos en concreto, una información que la compañía sí había facilitado en su día al comité de empresa.
Pero esta sanción de Inspección de Trabajo podría no llegar en solitario. Los sindicatos CCOO y UGT han presentado una nueva reclamación ante esta instancia después de que Ineco les negara información sobre la evolución de los salarios e incentivos de la cúpula directiva. La pretensión de los sindicatos era llevar a cabo un estudio sobre la evolución de estas partidas a fin de contribuir a la racionalización de los recursos con que cuenta la empresa.
AENA y el correo electrónico
Sin embargo, la información sobre los emolumentos de la alta dirección no ha llegado hasta los representantes de los trabajadores, que han decidido comunicar esta incidencia también al Defensor del Pueblo que, de momento, ha admitido a trámite la reclamación y comunicado que iniciará los trámites pertinentes con la compañía.
Recientemte, el sindicato de funcionarios CSIF salió victorioso de una disputa que mantenía con el gestor aeroportuario público AENA, a la sazón, accionista mayoritario de Ineco. En este caso, los representantes de los trabajadores denunciaron que la compañía mantenía restringido al acceso al correo electrónico para realizar las labores sindicales y enviar comunicados.
El juzgado de lo Social número 8 de Madrid dio la razón a los trabajadores, que también denunciaron que la compañía impidió a algunos delegados sindicales el acceso a determinadas zonas del aeropuerto de Madrid-Barajas.
