El Ministerio de Industria ya puede ejercer de forma directa el control sobre eventuales operaciones de compañías españolas del sector energético por parte de inversores extracomunitarios, que hasta ahora estaba en manos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
La entrada en vigor, este jueves, de la Ley de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dejado sin efecto la famosa Función 14, una disposición adicional de la Ley de Hidrocarburos que confería al ya casi extinto regulador energético el control sobre la entrada de empresas extracomunitarias en el sector energético.
Desde hoy, será el propio departamento que dirige José Manuel Soria el que, de forma directa, “conocerá” la toma de participaciones en las grandes empresas del sector eléctrico, petrolero o gasista (aquellas que realicen actividades reguladas).
Cuando la compra “se realice por entidades de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo”, el propio ministro, en un plazo máximo de 30 días desde su notificación, “podrá establecer condiciones” al ejercicio de la actividad de esas sociedades, si considera “que existe una amenaza real y suficientemente grave para la garantía de suministro de electricidad, gas e hidrocarburos en el ámbito de las actividades del adquirente”.
Las condiciones que se impongan, previo informe (no vinculante) de la CNMC, “respetarán en todo caso el principio de proporcionalidad y de protección del interés general”, señala el texto, que el Gobierno ha tenido que suavizar con respecto a sus pretensiones iniciales por las dudas expresadas por Bruselas al proyecto de creación de la CNMC.
El propio ministro ha señalado que la existencia de esta cláusula “no es una cuestión intervencionista o proteccionista” y ha recordado que “es un mecanismo que tienen todos los países europeos”.
La función 14 tuvo que ser suavizada por el Gobierno socialista en 2011, después de que el Tribunal de Luxemburgo condenara a España por extralimitarse en su uso para frenar a E.ON durante el proceso de opas sobre Endesa.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy podrá ejercer así de forma directa esta función cuando se atisba una próxima reordenación accionarial del sector energético español, por el proceso de venta o redefinición de las participaciones industriales de las antiguas cajas de ahorros (Bankia y Kutxabank en Iberdrola, La Caixa en Repsol y Gas Natural), y después de otras operaciones como la irrupción del multimillonario mexicano Carlos Slim en el capital de Gas Natural.
