La sala de lo Social de la Audiencia Nacional se perfila como el próximo escenario del conflicto laboral en Iberia. Los representantes de los trabajadores denunciarán el recorte salarial del 4% aplicado por la dirección de la aerolínea al entender que la compañía ha actuado de mala fe a la hora de negociar los objetivos de productividad, con el objeto de no alcanzar el acuerdo y forzar así el recorte de los sueldos.
La última posibilidad que queda para evitar que el caso llegue a la Audiencia Nacional es la actuación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), al que han recurrido una vez más los sindicatos para que intente propiciar un acuerdo entre las partes.
La intervención del SIMA cobró importancia a finales del pasado año, cuando logró que los trabajadores y la dirección de la compañía llegaran a un principio de acuerdo sobre una serie de líneas generales del plan de ajuste de Iberia, una actuación que evitó la huelga que había sido convocada para la semana previa a las fiestas de Navidad.
No obstante, el acuerdo del SIMA no fue respetado por el holding IAG, matriz de Iberia, que no lo tuvo en cuenta, lo que terminó de dar al traste con las negociaciones y desembocó en una huelga histórica cuya convocatoria contemplaba quince días de paros, que acarreó cuantiosas pérdidas a la aerolínea española.
Tres meses antes del fin de la paz social
Precisamente, la huelga concluyó antes de tiempo, cuando se habían cumplido diez jornadas, gracias al éxito de la mediación propuesta por el Gobierno a cargo del catedrático de la Universidad Autónoma Gregorio Tudela. Uno de los puntos de este acuerdo contemplaba que la dirección de Iberia y los trabajadores deberían negociar unos objetivos de productividad y que, de no llegar a un acuerdo, la situación se traduciría en una rebaja salarial del 4% para los trabajadores de la aerolínea.
Finalmente, las conversaciones sobre los objetivos de productividad acabaron sin acuerdo y se hizo efectiva el recorte en los sueldos pero los sindicatos consideran que Iberia ha actuado de mala fe, cerrándose en banda a cualquier tipo de pacto, precisamente para propiciar el desacuerdo y la consiguiente rebaja en las nóminas.
De esta forma, se aviva un conflicto laboral que, de entrar en la Audiencia Nacional, podría prolongarse en el tiempo, una circunstancia que podría desembocar en un otoño caliente para la aerolínea.
A mediados de septiembre concluye el plazo de seis meses de paz social comprometido en el acuerdo de mediación del profesor Tudela, con lo que los sindicatos tendrían las manos libres para volver a convocar movilizaciones.
No obstante, los representantes de los trabajadores pretenden agotar previamente las vías de diálogo.
