La multinacional Meta tiene previsto despedir a casi 500 empleados en la República de Irlanda, donde radica su centro de operaciones internacionales, según ha confirmado este jueves la tecnológica estadounidense y recoge EFE. El anuncio del plan de ajuste se produce después de que la Comisión de Protección de Datos irlandesa (DPC) impusiera esta semana a la compañía una multa de 1.200 millones de euros, la más cuantiosa en la Unión Europea, por infringir la legislación comunitaria.
De acuerdo con la cadena pública irlandesa RTÉ, los despidos afectarán a los departamentos de finanzas, ventas, mercadotecnia, analítica e ingeniería de las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp, integradas en Meta.
De momento, el gigante tecnológico ha iniciado un proceso de consulta con las plantillas afectadas y ha informado, asimismo, al Gobierno de Dublín, que estima que hasta 490 trabajadores podrían ser despedidos.
Meta ya recortó el pasado noviembre 320 empleos en sus operaciones en Irlanda, donde ahora tiene unos 2.500 trabajadores, en línea con la estrategia de ajuste anunciada recientemente por su consejero delegado, Mark Zuckerberg, para eliminar 10.000 puestos de su fuerza laboral global.
No obstante, la multinacional ha indicado que su base de operaciones internacionales seguirá en Dublín, donde se beneficia, como tantas otras empresas del sector, de la baja fiscalidad de este país.
Gobierno de Dublín
El ministro irlandés de Empleo, Empresa y Comercio, Simon Coveney, ha subrayado que la economía nacional se mantiene "sólida y equilibrada", con una tasa de desempleo que ha caído al 3,9%, y ha asegurado que "lo peor ha pasado ya", en referencia a los recortes acometidos por las tecnológicas en los últimos meses.
El Ejecutivo de Dublín, de coalición entre democristianos, centristas y verdes, también ha querido desvincular las sanciones impuestas a este sector con los despidos.
La DPC multó este lunes a Meta con 1.200 millones de euros por infringir a través de su red social Facebook la privacidad de sus usuarios y le ordenó que suspenda la transferencia de datos personales de usuarios desde la UE a Estados Unidos en un plazo de cinco meses.
