El secretario general de Industria y Pyme, Luis Valero, dejó caer este martes en el Congreso un anuncio vestido como guiño a la industria, que está en armas contra la denominada reforma energética por el fuerte impacto que tendrá en sus costes, si el paquete de medidas se aprueba tal y como se ha planteado. Pese a la "restricción de gasto importante y significativa" del presupuesto del Ministerio de Industria (se ha recortado otro 21,3%), Valero anunció que su departamento va a lanzar un programa de ayudas a la industria para que se “compense” a determinadas empresas por la desaparición, el año que viene, del sistema de asignación gratuita de derechos de dióxido de carbono (CO2), un cambio normativo que, recordó, “tendrá su coste” para las empresas afectadas, ya que tendrán que pagar por contaminar.
Tras su comparecencia para dar cuenta de los Presupuestos de 2013, y preguntado por las medidas que contempla Industria para tratar de mitigar los daños colaterales de la reforma energética para el sector industrial (que ha amenazado con nuevas deslocalizaciones), Valero se remitió a esa nueva línea de ayudas, que, dijo, cumple con la normativa europea, aunque no precisó su dotación. Lo cierto es que esta será pequeña. En concreto, de apenas un millón de euros, según recoge el proyecto de Presupuestos bajo la partida de "Programa de Compensación costes indirectos. Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero".
"Riesgo de fuga"
El programa de subvenciones, que pretende atender a la sostenibilidad energética y medioambiental, uno de los dos vectores de competitividad "irrenunciables para un sector industrial moderno", según el Gobierno (el otro es la internacionalización), consistirá en “la puesta en marcha de un programa de ayudas para compensar los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad del que podrán beneficiarse las instalaciones pertenecientes a sectores expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono”, señala el proyecto.
El secretario de Energía, Fernando Marti, que también compareció para explicar los Presupuestos, insistió en que el objetivo último de la reforma energética (que persigue acabar con el gigantesco déficit de tarifa eléctrico acumulado, más de 24.000 millones de euros), es “poner en orden las cuentas públicas”, dado que esa deuda tiene el aval del Estado. Marti dijo que el proyecto parido por su departamento al alimón con Hacienda ha llegado tras “tremendas” presiones de las empresas y “muchísimos estudios internos”. “Hemos hablado con todos y visto todas las posibilidades”, que, añadió, “no eran muchas”. Marti abogó por “un modelo energético pactado entre todos”, pero dejó claro que la cuestión del pacto energético no es competencia suya: “Ojalá; no depende de mí, sino de la Cámara”.
El Congreso de los Diputados es estos días un hervidero de propuestas a los parlamentarios para tratar de reconducir la reforma, un paquete de nuevos impuestos a las empresas que no contenta a casi nadie porque, dicen sus críticos, no ataja la raíz del problema y encarecerá más los precios de la luz y el gas, en detrimento de la competitividad de la economía.
El proyecto de ley encara una etapa decisiva, al acercarse e fin del plazo para la presentación de enmiendas, que se ha ampliado en dos ocasiones (la última, hasta el próximo día 18). El PSOE ha propuesto volver a ampliar ese plazo y que, además, se fijen comparecencias de los representantes de las distintas patronales para que expliquen su postura en la Cámara. El promotor de la iniciativa, el portavoz socialista de Energía en el Congreso, José Segura, pidió en el Pleno la “retirada” de la reforma por su “arbitrariedad” y por su impacto negativo en los precios energéticos.
