Murcia encargó a ACS la construcción de una desaladora en los años del boom económico. Su coste inicial era de 127 millones de euros, pero el grupo que preside Florentino Pérez la construyó finalmente por 400 millones de euros, un 215% más de lo presupuestado. Han pasado los años y la planta no es rentable, así que ACS ha exigido al gobierno murciano el pago de unos 600 millones de euros por el valor total (construcción -400- más lucro cesante -200-) de la desaladora, en virtud de una cláusula firmada con el anterior ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel (PP) que le da derecho a este resarcimiento en caso de rescisión de contrato.
Ante esta situación y el temor a que Murcia tenga que asumir este agujero de 600 millones, Podemos, Ciudadanos y PSOE tratan de frenar este pago, que habrá de salir de las arcas de la comunidad autónoma. Los tres partidos de la oposición han promovido una comisión de investigación para aclarar por qué ACS no mantiene su contrato de explotación hasta el año 2034, tal y como está firmado, independiente de que la planta sea o no rentable.
El PP, que sigue gobernando en Murcia, no se ha opuesto a esta comisión.
La desaladora se presupuestó en 127 millones pero ACS la ha construido por 400 millones, lo que supone un desvío de costes del 215%
La historia recuerda casi al dedillo lo ocurrido con el almacén subterráneo del Castor, ubicado en las aguas del Golfo de Valencia frente a las costas del norte de Castellón. Tras provocar más de 500 terremotos por la inyección de gas, el grupo de Florentino Pérez, que controlaba el almacén a través de Escal UGS, devolvió al Estado la licencia de explotación y le exigió una indemnización de 1.350 millones de euros.
El Gobierno de Rajoy, diligente, no tardó en abonar esta cantidad al grupo madrileño, en virtud de los acuerdos firmados de la compañía con el anterior Ejecutivo de Zapatero.
El fantasma del Castor planea ahora sobre Murcia por la desaladora de Escombreras.
Desde Podemos Murcia se califica esta planta como “uno de los mayores agujeros negros en las infraestructuras de la Región de Murcia, una infraestructura mal diseñada, mal construida y que cuesta el doble de aquellas que son semejantes”, según dijo en sede parlamentaria regional el diputado Antonio Urbina.
ACS, experta en firmar cláusulas indemnizatorias, se llevó 1.350 millones por el Castor y ahora tratar de cobrar 600 millones por la desaladora de Escombreras
“Es incomprensible que un proyecto que tiene un coste de 127 millones de euros, por una promesa de arrendamiento a 25 años y una demanda del grupo ACS que exige una indemnización por lucro cesante de 570 millones de euros, se haya transformado en una deuda para la Región de Murcia de 600 millones de euros desde ahora hasta 2034, es decir, 1,1 millones de euros al mes”, ha denunciado Urbina.
A juicio de Podemos, la investigación tratará de desenmascarar cómo se contrató, cómo se paga o cómo se librará Murcia de esa “esclavitud de pago”, encargándose una “auditoría técnica” de la planta.
Pero un informe de los servicios jurídicos de la consejería de Presidencia de Murcia considera que la desaladora es “inviable” y propone su cierre para frenar “daños patrimoniales” mayores. Este informe está ya en manos de la Fiscalía, que también investigará el caso.
