El próximo 28 de septiembre, en primera convocatoria, Pescanova celebrará, de nuevo, una polémica junta de accionistas que enfrentará a los accionistas de la actual compañía con el conocido como G7, los siete principales bancos acreedores de la multinacional gallega, liderados por Popular y Sabadell. Si todo sale como tiene previsto el G7, en la junta se aprobará una ampliación de capital que situará a la banca acreedora como principal accionista del grupo pesquero, mientras que los actuales accionistas verán reducida su participación al 5%.
Tanto los accionistas minoritarios, con más de un 6% del capital, como el actual consejo de administración de Pescanova, apoyan propuestas que supondrían que en esa ampliación de capital alcanzaran el 20% de la Nueva Pescanova. El miércoles el consejo de administración del grupo publicó en la Comisión Nacional del Mercado de Valores dos informes de los catedráticos de Derecho Mercantil Juana Pulgar Ezquerra y Juan Sánchez-Calero defendiendo dichas propuestas. En la actualidad el consejo de administración de Pescanova está integrado tan solo por cuatro miembros: Diego Fontán, en representación de su esposa, Carolina Masaveu, que tiene el 7,1%; Iberfomento, con el 3,39%; Alejandro Legarda (independiente); y César Mata, secretario.
En el comunicado a la CNMV emitido por Pescanova, la compañía insta a accionistas y G7 "a alcanzar un acuerdo por el cual se apruebe la ampliación, bien según el texto de la propuesta del Consejo o bien según el texto de la propuesta de los accionistas, respetando en todo caso la integridad del grupo Pescanova". Y advierte contra la posibilidad de que unos u otros promuevan medidas "que pudieran plantear un riesgo de liquidación".
De acuerdo a fuentes próximas al G7, los bancos que optan al control de Pescanova no van a estudiar las propuestas de los accionistas. "Sólo hay tres posibilidades, que no se vote el convenio, que se vote el que proponen los accionistas, y que se vote el que propone la banca", comentan, "y sólo el de la banca tiene capacidad financiera para sostener el negocio". Pescanova "debe 3.500 millones de euros", subrayan. Fuentes cercanas a accionistas minoritarios señalan que no han recibido ningún mensaje por parte de la banca acreedora para negociar sus propuestas. "Acudiremos a la junta, y después estudiaremos la viabilidad de promover alguna medida legal contra la propuesta de la banca si como es previsible esta sale adelante", apuntan las fuentes cercanas a los minoritarios.
A pesar de haber protagonizado uno de los mayores concursos de acreedores del sector de la alimentación en España, y uno de los presuntos casos de falsedad contable más descarados en la historia empresarial del país -Pescanova aseguraba bajo la presidencia de Manuel Fernández Sousa tener una deuda de 1.500 millones de euros cuando en realidad era superior a los 3.500 millones-, la compañía gallega mantiene un nivel de ingresos anual cercano a los 1.000 millones de euros. Si el G7 logra limpiar la contabilidad de la multinacional española y mantener el negocio, Nueva Pescanova será una empresa que la banca podrá vender en el futuro próximo a otro gran grupo del sector.
