Ni siquiera las últimas nevadas caídas sobre la capital española han conseguido llevarse consigo el olor a chamusquina que emana de la Asamblea de Madrid desde que el 10 de junio de 2003 los entonces parlamentarios del PSOE, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, no acudieran a la votación para nombrar presidente de la cámara regional, impidiendo una alianza entre PSOE e IU que hubiera supuesto la designación de Rafael Simancas como presidente de la Comunidad de Madrid: el Tamayazo.
La ausencia de Tamayo y Sáez en aquella votación derivó en la convocatoria de nuevas elecciones que, el 26 de octubre de 2003, ganó por mayoría absoluta el PP, convirtiéndose Esperanza Aguirre en presidenta de la Comunidad de Madrid.
Por aquellos acontecimientos, el único proceso judicial que se puso en marcha fue el relativo a la filtración de llamadas telefónicas que se produjeron esos días entre Tamayo, Ricardo Romero de Tejada, José Luis Balbás, un empresario de la construcción, y un abogado. La revista Interviú, el diario El Mundo o Cadena Ser fueron algunos de los medios que publicaron esas llamadas –no los contenidos de las mismas-; los afectados denunciaron la filtración.
La acusación contra Alberto Moreno "es una barbaridad, kafkiano", dice un ingeniero de Telefónica al que no se la ha permitido declarar en juicio
"Juro por la vida de mis padres, y por la tierra de mis abuelos, que yo no filtré las llamadas del Tamayazo", dice Alberto Moreno (48 años), el exempleado de Telefónica Móviles condenado por haber sido la persona que habría sustraído los datos de las llamadas y, a través de terceros, haber hecho llegar esa información a la prensa. "Mi padre me ha cogido por las solapas en tres ocasiones en estos quince años, dime que has sido tú, si has sido tú dímelo, y siempre le he dicho lo mismo: Padre le juro por madre que yo no he sido".
El 17 de mayo de 2016, el Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid dictó sentencia. El PP, el PSOE, y un despacho de abogados habían presentado, trece años antes, denuncia por las filtraciones en los juzgados de instrucción de Madrid números 19, 27, y 47. "Pensábamos que todo lo llevaría el juzgado 19, que fue el primero en recibir querella, pero recayó en el 47", recuerda Moreno. A cargo del juzgado 47 está el magistrado Adolfo Carretero, quien se ha tirado 12 años con la instrucción del caso.
"Queda probado del examen en conciencia de las pruebas practicadas, y así se declara, que el acusado Alberto Moreno de Lucas, mayor de edad, con DNI, sin antecedentes penales (…)" se sirvió del código de usuario de otro empleado de la operadora, para "(…) consultar los datos de determinados clientes de la compañía no comprendidos en el ámbito de su actuación (…)", dice la sentencia de mayo de 2016.
El apartado de Antecedentes de Hecho de aquella sentencia, continúa afirmando que entre el 1 de mayo y 11 de junio de 2003 "el acusado Alberto consultó la titularidad y las llamadas realizadas desde el número (…) cuyo usuario era el Sr. Eduardo Tamayo, entonces diputado del partido socialista de Madrid (…)", así como las de Ricardo Romero de Tejada y Picatoste, entonces diputado del PP en la Asamblea Regional de Madrid; el abogado José Esteban Verdes López-Diéguez; Francisco Bravo Vázquez, empresario de la construcción; y José Luis Balbás, quien lideró una corriente del PSOE y fue expulsado del partido tras el Tamayazo. "El acusado Alberto Moreno de Lucas cedió la información obtenida mediante sus consultas informáticas a tercero o terceros no identificados que les permitió identificar a los usuarios".
"Me han destrozado la vida, me ha generado ansiedad… A mi madre le dio una aneurisma que casi la mata, y cuando despertó del coma, en la UVI, lo primero que dijo cuando pudo hablar fue preguntar por el juicio de su hijo", lamenta Alberto Moreno, que en estos años se ha graduado en Derecho y ha engordado hasta superar los 140 kilos de peso. Las sentencias que condenan a Moreno se basan en los informes elaborados por Policía Nacional, la Agencia de Protección de Datos, y, especialmente, por la misma Telefónica.
"No me dejaron ni recoger mi cepillo de dientes", dice Alberto Moreno
En la sentencia de mayo de 2016, se expone que el acusado "ha reconocido que era amigo" de un detective que supuestamente habría participado en la entrega de la información de las llamadas del Tamayazo a la prensa, y que "las numerosísimas llamadas que realizó el acusado Alberto" fueron a ese mismo detective.
Sin embargo Alberto Moreno desmiente que conociera a ese detective que responde a las siglas M.C. "Es totalmente falso, no le conozco, nunca he hablado con ese detective, ni con ese ni con ningún otro en toda mi vida, podrían haberlo demostrado simplemente llamándole a declarar o accediendo a su móvil, pero no lo hicieron", dice ahora el exempleado de Telefónica condenado, con el que este diario ha mantenido varios encuentros y conversaciones en las últimas semanas.
Las sentencias de la Audiencia Provincial y del Juzgado de lo Penal que condenan a Alberto Moreno reconocen que "no se ha probado" que la información publicada en los medios sobre las llamadas telefónicas "la haya facilitado directamente el acusado", pero subrayan que la "acción nuclear es revelar y él [Moreno] reveló, lo cual causó perjuicios a los titulares de los teléfonos (…)".
Recurso fallido
Alberto Moreno recurrió ante la Audiencia Provincial la sentencia que, como autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, le condenó en 2016 a la pena de seis meses de prisión y al abono de las costas procesales. Y el resultado fue aun peor.
El pasado 29 de septiembre la Audiencia Provincial no sólo desestimó el recurso, sino que, estimando parcialmente los presentados por el resto de afectados, declaró la responsabilidad civil de Alberto Moreno para indemnizar a Romero Tejada, el abogado Esteban Verdes y la empresa de construcción Euroholding "en la cantidad que en ejecución de sentencia se determine por los perjuicios económicos sufridos (…)".
En la actualidad, Moreno está a la espera de que un juez determine la cantidad de las indemnizaciones solicitadas, lo que en opinión de su abogado supondrá previsiblemente el embargo de sus bienes, una casa en el barrio de Vallecas y un coche.
"Yo era teleoperador de Telefónica, daba asistencia a grandes cuentas, en un departamento en el que trabajábamos unas 80 o 90 personas. Al poco tiempo de que se publicaran las filtraciones de las llamadas del Tamayazo recibí un telegrama en mi casa de Madrid de Telefónica advirtiéndome que se me ha abierto un expediente por extracción de datos públicos", recuerda Alberto Moreno.
"Tenía unos días de permiso y me fui a un pueblo de Extremadura", continúa contando el recuerdo que tiene de los días del Tamayazo. "De camino recibo una llamada de la policía diciéndome que he sido denunciado por revelación de secretos, y que tengo que presentarme en comisaría. La policía había ido ya a casa de mis padres y a la tienda de mi madre. Fui a la comisaría de Canillas, en Madrid, y declaro, como hicieron el resto de empleados, que las claves eran públicas, que estaban colgadas en los puestos de trabajo, algo que reconoce todo el mundo ante la policía".
Los jueces rechazaron la declaración de un miembro del comité de empresa de Telefónica Móviles
En su recurso de apelación, la defensa de Moreno afirma que la mayoría de los empleados de Telefónica llamados a declarar en el juicio habían modificado su declaración inicial ante la policía, pasando de admitir que las claves de usuario del lugar de trabajo eran compartidas, a asegurar ante el juez de lo Penal que eran individuales e inaccesibles. El asunto del acceso público o no a las contraseñas del sistema de Telefónica es crucial en el caso: si realmente todos los que trabajan en el mismo departamento que Alberto Moreno podían acceder a las claves, cualquiera de ellos podría haber sustraído y filtrado los datos.
Ingeniero de Telefónica y testigo
La representación legal de Alberto Moreno requirió durante el proceso judicial que se tomara declaración a otro empleado de Telefónica, cuyo nombre responde a las siglas M.D.F. La Audiencia Provincial denegó esa práctica de prueba indicando que las "posibles contradicciones en sus testimonios tampoco van a ser salvadas por los testigos propuestos", y que su declaración no descartaría "lo expuesto por los numerosos testigos, trabajadores de la compañía que ya testificaron en el acto del juicio oral".
Este empleado de Telefónica, M.D.F. mantiene con rotundidad que las claves de usuario con las que podía accederse a las llamadas del Tamayazo eran públicas, lo que en su opinión debería exculpar a Alberto Moreno.
Vozpópuli ha contactado con ese testigo, M.D.F., Jefe de Área de Calidad de Sistemas de Información en Telefónica Móviles España hasta 2003, cuyo testimonio los jueces han denegado, ingeniero de Ciencias de la Computación, especializado en redes y servicios de seguridad, con más de 25 años de experiencia en la operadora española. "¿Cómo se puede incriminar a alguien cuando su usuario y contraseña eran conocidos por numerosos compañeros de trabajo?", se pregunta. "Resulta kafkiano, es una barbaridad".
M.D.F. sostiene que Telefónica "siempre argumentó que los usuarios y contraseñas que se compartían en la unidad del CRC eran única y exclusivamente los del correo corporativo Lotus Notes, lo cual no puede ser cierto porque con dicho usuario y contraseña, exclusivamente, no se puede hacer absolutamente nada". La contraseña que se estaba compartiendo "forzosamente debía ser la única o unificada (o de Red) con acceso total al perfil de cada empleado".
"Los empleados compartían las claves que dan acceso a todo el sistema", dice M.D.F.
Al compartir contraseñas, "no sólo se contravenía la propia normativa de la empresa, si no que se cometía una negligencia profesional por parte de los mandos responsables de la implantación de dicho método de trabajo en la unidad", dice. "No es que los empleados compartieran usuario de correo electrónico, no, los empleados compartían el listado de usuario y contraseña única, el que da acceso a todo el sistema", subraya.
Sin huella digital
M.D.F. también llama la atención sobre el hecho de que la investigación interna puesta en marcha por Telefónica fue liderada por el que entonces era Director General de Sistemas de Información, P.G.V. "Estaba muy alejado del perfil técnico necesario en este caso", indica.
"No es normal", advierte el empleado de Telefónica dispuesto a declarar a favor de la versión de Alberto Moreno, "que este director no registrara todos y cada uno de los detalles máximos y mínimos de este proceso, como registrar las direcciones IP de los puestos de trabajo desde donde se obtuvo la información, o no comprobar la sesión de red (huella digital)". Esta información, asegura, "sin duda, hubiese despejado muchas dudas acerca de la culpabilidad o inocencia de los implicados, y se hubiese obtenido con tan sólo solicitarlo".
"Los informes que presentó Telefónica sobre las filtraciones estaban en papel, no había ningún archivo digital, no se presentó huella digital", destaca Moreno.
El sindicato UGT advirtió del uso indebido de las claves de acceso
Otro de los testigos solicitado por la defensa de Moreno, miembro del Comité de Empresa en la época de los sucesos, cuyo nombre responde a las siglas J.J.F.M, afirma que el "uso de las claves de usuario y password que dan acceso a los sistemas de información es totalmente irregular con el cumplimiento de los sistemas de protección de datos". El sindicato UGT, asegura, comunicó entonces "por escrito, tanto a la compañía como a los empleados, el uso indebido de las claves".
J.J.F.M. destaca que con "fechas inmediatamente posteriores a la acusación, el director de Recursos Humanos de Telefónica Móviles España nos citó para explicarnos el nuevo sistema de protección de claves". Tampoco el testimonio del que fuera presidente del Comité de Empresa de la compañía ha sido admitido por los jueces.
Tras la publicación de las llamadas del Tamayazo, "no me dejaron entrar en la empresa, no pude recoger ni mi cepillo de dientes", dice Moreno. Las bases de datos a los que podían acceder los empleados de Telefónica como él, "eran líneas a nombre de sociedades o de partidos políticos, no de los usuarios finales, yo no podía saber quién era el usuario de esa línea; y había clientes de grandes cuentas que podían acceder por sí solos a esos mismos datos, y esa línea de investigación nunca se abrió", mantiene.
