Por mucho que el ministro de Industria, José Manuel Soria, insista en que el gigantesco déficit de tarifa eléctrico está "encauzado" (este martes volvió a hacerlo), a ojos de los analistas y de las propias eléctricas el problema está todavía muy lejos de resolverse. Pese a los 3.000 millones de recaudación que, según las previsiones del Gobierno, aportará la polémica batería de impuestos al sector en vigor desde el 1 de enero, los analistas de Exane BNP Paribas y UBS son escépticos con respecto a la aportación que debe hacer el Estado, dada la situación de las cuentas españolas.
En concreto, BNP recuerda que una parte de los 2.650 millones que, en teoría, deberían aportar las arcas públicas, la procedente de las subastas de derechos de emisión de CO2, todavía no tiene ningún soporte legal. “Ha habido algunas declaraciones públicas del ministro de Industria, pero no ha quedado reflejado en ningún papel”. Tampoco la aportación de los Presupuestos a los costes extrapeninsulares, bloqueada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que este martes posó junto a Soria en la toma de posesión del nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.
“El Gobierno todavía puede implementar las propuestas del ministro de Industria, pero podría no aclarar la cuestión hasta la publicación del Presupuesto de 2014”, previsiblemente en el último trimestre de este año, “lo que mantendría al sector en cierto grado de incertidumbre”, indica Exane. Si esos 2.200 millones de euros no aparecen, el déficit podría superar este año los 3.000 millones de euros, según las estimaciones que maneja el banco.
Este martes, Soria admitió que el déficit tarifario "no está totalmente resuelto" y aseguró que el Gobierno "va a seguir trabajando" para arreglar el problema "definitivamente". La patada hacia delante con la que el Gobierno ha despachado la imposibilidad de cumplir con los límites legales establecidos para el déficit en este ejercicio y 2012 (la salida ha consistido en eliminarlos) ha puesto en guardia a UBS.
La entidad avisa de que la supresión de esos topes, formalizada a través de un inusual método legal, un Real Decreto Ley sobre Empleados de hogar publicado el último día de 2012, “podría tener profundas repercusiones sobre el cash flow, la estructura de capital y los dividendos” de las empresas del sector eléctrico.
En una nota difundida esta semana, el banco suizo subraya que el Gobierno “ha eliminado un importante compromiso”, el de que no se genere más déficit tarifario este año, que “incrementa el riesgo regulatorio” del sector, al obligar a las eléctricas tradicionales (y, muy especialmente, a Endesa e Iberdrola) a seguir financiando esa gigantesca deuda, cuyo importe acumulado ya roza los 30.000 millones. Además, avisa de que el actual sistema de tarifas eléctricas es “insostenible”, en vista de que es “improbable” que el Estado reserve fondos para contribuir a eliminar el problema.
Por ello, la entidad sólo atisba tres soluciones “viables”: la primera es subir (todavía más) las tarifas eléctricas, algo que el propio banco considera poco probable, dado el compromiso del Gobierno de no tocar este año los peajes de acceso (la parte regulada del recibo); la segunda, reducir los costes regulados (el déficit se genera porque estos son superiores a los ingresos que se reconocen a las empresas); y la tercera, poner en marcha nuevos impuestos, que se sumarían a los que ya están en vigor desde este mes. Las dos últimas vías “serían dañinas para las eléctricas”, recuerda la entidad.
