La batalla legal por el decretazo del Gobierno ya está en marcha. Las eléctricas buscan las vías para intentar tumbar el real decreto-ley tanto en España como en Bruselas. Aunque la segunda opción es la que gana más fuerza. Según detallan fuentes del sector a Vozpópuli, el principal argumento que trasladan las eléctricas a la Comisión Europea es que esta normativa cambia las reglas del mercado eléctrico y, por tanto, viola el reglamento de electricidad de la Unión Europea.
Un mercado que se compone de generadores, distribuidores y comercializadores de energía. “Los generadores de energía ya están sufriendo un impacto en su negocio, se nota desde la entrada en vigor su efecto en el mercado”, explican estas mismas fuentes. “La Comisión Europea debe implicarse en una normativa que ya está en vigor y que vulnera el reglamento 2019/943 del Parlamento europeo y del Consejo que entró en vigor el 1 de enero de 2020”, añaden.
Desde la Comisión Europea comentan con este medio que “todavía es demasiado prematuro para comentar las medidas españolas”. Las eléctricas confían en que Bruselas todavía no ha respaldado este real decreto-ley y, los primeros comentarios que les van llegando es que es no es del agrado comunitario semejante intervencionismo del mercado cuando han ofrecido al Ejecutivo de Pedro Sánchez otras medidas alternativas para bajar la factura de la luz.
Este real decreto-ley, que busca amortiguar el impacto de los altos precios del mercado mayorista en la factura de los consumidores, es especialmente dañino para la producción nuclear o hidroeléctrica. La normativa obliga a las centrales que usan gas para producir electricidad que devuelvan el 90% de los beneficios "extra" que están obteniendo del pool al calor de los altos precios de esta materia prima.
Castigo de 2.000 millones
El Gobierno calcula que hasta marzo, mes en el que finaliza esta normativa, recibirá 2.600 millones de euros de este recorte. Del total, según estiman desde el sector, 2.000 millones de euros saldrán del ‘bolsillo’ de Iberdrola y Endesa. El resto de la cuantía saldrá de otras empresas como EDP o Acciona.
El Gobierno, liderado en este ámbito por la ministra Teresa Ribera, defiende en su normativa que no afecta al funcionamiento del mercado porque la operativa se mantiene y luego se reclama los ingresos extra de aquellas tecnologías que se benefician del alto precio del gas.
Este real decreto-ley es un movimiento nuevo para la legislación europea. "Hasta ahora, han existido regulaciones del mercado eléctrico en España que han pasado los filtros de Bruselas. La legislación europea cambió en 2019 y entró en funcionamiento en enero de 2020. Ahora, el mercado eléctrico está en el centro de la normativa de electricidad comunitaria", señalan.
Más argumentos de las eléctricas
La distorsión del mercado será el argumento número uno que utilicen las empresas eléctricas para presionar a Bruselas. Su reclamación también argumentará que este decretazo incumple las leyes de competencia, porque discrimina entre unas centrales de producción y otras.
Es “ilegal”, según las fuentes del sector, porque castiga la apuesta por las renovables con las dificultades que genera en la inversión de estas tecnologías. “La normativa de comercio de derechos de emisión europea se ve expuesta en esta decisión del Gobierno español, precisamente, porque estos derechos tienen como objetivo que las tecnologías no emisoras ganen más que las que emiten CO2 para que los inversores apuesten por este tipo de tecnologías y se consiga reducir las emisiones”, comentan las mismas fuentes.
Las empresas apuestan por reclamar en la Comisión Europea como la mejor alternativa para tumbar esta normativa. La vía de la justicia española, para recurrir un real decreto-ley, dado su rango de ley, sólo puede ser recurrido ante el Tribunal Constitucional por organismos como las comunidades autónomas o los grupos parlamentarios.
