La compañía japonesa JGC denuncia al Reino de España ante la justicia de Estados Unidos por los impagos en su inversión a las renovables. La compañía, cuya facturación anual supera los 5.000 millones de euros, operaba dos plantas de energía solar en la provincia de Córdoba y sufrió la retirada retroactiva de las primas ofrecidas a este tipo de instalaciones.
Ante esta circunstancia, JGC presentó en junio de 2015 una denuncia por incumplimiento del Tratado de la Carta de la Energía. El proceso fue dirimido en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial. El proceso ha sido muy largo y culminó con la publicación del laudo definitivo en noviembre de 2021. El tribunal condenó a España a pagar 23,5 millones de euros.
El Reino de España ha incumplido esta obligación y, casi dos años después, la corporación nipona ha decidido llevar a España ante la justicia estadounidense, reclamando a la magistratura del país norteamericano que registre el laudo y exija su cumplimiento o autorice medidas compensatorias como el embargo de bienes y activos de nuestro país en suelo estadounidense.
JGC uno más para España
Este no es el único procedimiento abierto ante la justicia estadounidense. El más abultado de todos es el que afecta a NextEra y está valorado en más de 300 millones de euros, una vez se considera el pago de la indemnización pendiente, el abono de la condena en costas y el desembolso de los correspondientes intereses de demora.
La justicia británica ya está embargando bienes y activos españoles de forma cautelar. La Corte Suprema australiana ha autorizado medidas similares que se concretarán en los próximos meses. Este verano, la Cámara de Comercio se ha personado ante la justicia estadounidense para pedir a los tribunales que tomen cartas en el asunto y respalden la posición de NextEra, JGC y demás empresas denunciantes.
El Gobierno de Estados Unidos también ha movido ficha. En el último informe país del Departamento de Estado, la Administración Biden advierte de la inseguridad jurídica que han provocado estos impagos. Los datos de inversión extranjera procedente de Estados Unidos reflejan una caída del 97% durante el segundo trimestre de 2023, coincidiendo con la escalada de represalias judiciales contra nuestro país por este escándalo.
En suma, las indemnizaciones pendientes de pago superan ya los 1.200 millones de euros. La cifra es incluso más abultada si se consideran las condenas en costas, los intereses de demora o los honorarios de consultoras y abogados, hasta el punto de que estos capítulos añaden 250 millones al coste del proceso.
