El banco malo tendrá diez años de vida. Eso equivale a decir que el Gobierno se da una década para pinchar la burbuja inmobiliaria, puesto que el banco malo va a disponer hasta 2022 para vender los activos inmobiliarios tóxicos. Pero, además, significa que el Ejecutivo se da una década para solucionar la restructuración del sistema bancario puesto que en la banca en apuros podrá aparcar en ese banco malo “otros activos y créditos problemáticos” hasta 2022, según han confirmado fuentes del Ministerio de Economía.
Para pinchar la burbuja inmobiliaria, el Gobierno confía en el funcionamiento y la financiación del banco malo. Actuará como una Sociedad de Liquidación de Activos (SLA) acumulando suelo y vivienda que pagará a los bancos con dinero del FROB. Ese dinero servirá para sanear los balances bancarios y su financiación permitirá desinflar la burbuja poco a poco. El banco malo recibirá créditos a largo plazo para pagar a la banca (con vencimientos hasta en 15 años) al tiempo que recibe ingresos a corto plazo al ir vendiendo suelo poco a poco para no malbaratarlo.
Según los cálculos del Gobierno, buena parte del 40% de la caída que se esperaba en el precio de la vivienda se ha producido ya. Con esa esperanza, Economía abrirá el banco malo a inversores internacionales. Los grandes fondos mayoristas que crean que esos activos pueden subir de precio podrán invertir en el banco malo como accionistas y beneficiarse de las ganancias generadas por ese banco. Ésa es la primera gran novedad del mecanismo: podrá captar fondos mediante la venta a accionistas mayoristas e incluso podrá emitir deuda para obtener capital que pueda usar como colateral, es decir, después de recibir la inyección de la UE se financiará prácticamente como un banco comercial con acciones y deuda.
Pero el banco malo servirá también para reestructurar el sistema financiero. Es la otra gran novedad del diseño del Gobierno: las entidades que necesiten ayuda financiera podrán aparcar en ese banco no sólo sus activos inmobiliarios sino también otros créditos dudosos o activos tóxicos. El banco malo les permitirá sanear no sólo sus balances inmobiliarios sino sus balances al completo.
Las contrapartidas para los bancos
Los bancos que necesiten fondos del FROB y que recurran al banco malo lo harán bajo estrictas condiciones. El Gobierno asegura que no habrá ninguna liquidación de entidades, es decir, que no se cerrará ningún banco porque --según fuentes de Economía-- "ese procedimiento es más caro que vender los activos por partes". Sin embargo, sí podrán trocearse, reordenarse y venderse entidades que el Ejecutivo no considere "viables".
"No habrá liquidaciones de ninguna entidad" afirman fuentes de Economía que añaden que sí habrá más reestructuraciones y ventas
Las entidades que recurran a esos fondos deberán presentar un plan de viabilidad que visará el Gobierno y que, junto al Banco de España, tendrá capacidad de decisión sobre el futuro de cada entidad. No habrá un esquema general sino que se revisará "caso a caso" cada inyección de dinero público, asegura el Ejecutivo.
El esquema definitivo está ya sobre la mesa pero algunos detalles técnicos siguen todavía en el aire. El Ejecutivo espera tener resueltos los últimos flecos en poco más de un mes "a finales de agosto", aseguran fuentes de Economía.
Los accionistas y dueños de preferentes perderán dinero si su banco es intervenido
Los accionistas y dueños de participaciones preferentes pagarán parte del rescate de su banco si la entidad es intervenida. Y la peor noticia es que será mucho dinero a juzgar por los cálculos que hacen fuentes de Economía que recuerdan que sólo en Bankia hay acumulados 4.500 millones de euros cautivos en participaciones preferentes.
Según el acuerdo que ha firmado el Gobierno con la Comisión Europea para permitir el rescate bancario, las pérdidas de la quiebra o rescate de un banco las pagarán por este orden:
- Primero, sus accionistas porque al tener derecho de voto en la entidad son considerados corresponsables de una posible mala gestión
- En segundo lugar, quienes tengan participaciones preferentes. Aunque estos títulos no concedían derechos de voto y, por tanto, no debieran dar lugar a esa "corresponsabilidad", la Comisión estima que son productos derivados de las acciones y, por tanto, productos similares que deben sufrir igual castigo si la entidad necesita dinero público.
- Por último los tenedores de la conocida como deuda subordinada
