El trabajador privado paga ya una media 1.600 euros al mes para mantener el sistema de pensiones, las prestaciones por desempleo y los salarios de los funcionarios. Es decir, que cada persona que trabaja en el sector privado tiene que hacerse cargo, como media, de 19.110 euros al año para pagar la España pública, según cálculos del Instituto de Estudios Económicos (IEE).
"Es una hipoteca de un buen piso para cada asalariado, con la diferencia de que la hipoteca dura unos años determinados, mientras que estos cargos permanecen durante toda la vida laboral", destaca el servicio de estudios de CEOE en el informe Por una mejora de la eficiencia del gasto público en España presentado este lunes.
En 2020, vivieron del Estado 8,89 millones de pensionistas, 2,97 millones de parados con prestación (sin contar los ERTE) y 3,29 millones de empleados públicos. "De esas variables, solo tiene un potencial bajista el número de desempleados, ya que la demografía, junto con el vigente modelo de reparto, se traducirá, de manera inevitable, en un incremento de la cuantía de jubilados; mientras que la contratación en las Administraciones ha vuelto a su proceso expansivo al iniciarse la recuperación", advierte el Instituto de Estudios Económicos.
Según los últimos datos disponibles, 15,17 millones de españoles (15,92 millones si se tienen en cuenta los ERTE) reciben sus ingresos del Estado, de las autonomías y de los ayuntamientos; frente a 12,81 millones (12,05 millones si se tienen en cuenta los ERTE) que los consiguen en el sector privado. Es decir, que cada trabajador del sector privado sostiene a 1,3 personas que viven del sector público.
En el capítulo de los pensionistas, el coste atribuible a cada trabajador del sector privado es el más alto, con 830 euros por mes y 9.960 euros al año. Para calcularlo, el IEE utiliza los últimos datos oficiales de importe total de remuneración a los pensionistas menos el pago total que realizan éstos por impuestos directos dividido entre el número de empleados del sector privado.
El Instituto de Estudios Económicos recuerda que en España "con unos salarios inferiores al promedio de los existentes en los demás grandes Estados de la Unión Europea, se logra percibir una de las pensiones más altas, en términos absolutos y relativos". A ello hay que añadir que solamente cinco países en Europa (Francia, Italia, Austria, Hungría y España) tienen indiciadas sus pensiones al IPC, entre ellos España.
España liga las pensiones al IPC, disparado por la energía, mientras Europa tiende a ajustarlas en base a otros factores
"En suma, el sistema español de pensiones es, de acuerdo con todos los parámetros, uno de los más generosos y onerosos de la Unión Europea", señalan los economistas del IEE. Este año, las pensiones se han revalorizado un 2,5% (el promedio de la inflación entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021), pero con la inflación aún más disparada este año por los precios energéticos a raíz de la guerra en Ucrania, la gran subida se espera ya en 2023.
Sin embargo, los expertos apuntan que "la tendencia europea es a que la revalorización de las pensiones no se ajuste al IPC sino al crecimiento económico u otros factores correctores como ocurre, por ejemplo, en los Países Bajos y en la mayor parte de los países del norte de Europa".
Según sus cálculos, la subida de las pensiones en función del IPC en un escenario de crecimiento económico, como el proyectado por el Gobierno, incrementaría el tamaño de la partida en 2.750 millones de euros anuales. Se trata, así, de un factor que impulsa al alza el gasto. "Un gasto que ya está cerca del 15% del PIB, y que registra, desde hace unos años, un déficit estructural cercano a los 20.000 millones de euros", señala el IEE.
762 euros al mes para pagar a parados y funcionarios
Por cuantía, después está el gasto en prestaciones de los desempleados, que ascendería a 92 euros al mes de media por trabajador y 1.103 euros anuales. Para extraer el dato, el IEE descuenta del gasto público total en prestaciones por desempleo los impuestos directos que pagan el total de los parados y divide el resultado entre el número de asalariados del sector privado.
Por último, los funcionarios cuestan de media, cada mes, 670,5 euros a cada trabajador del sector privado. Esto se traduce en 8.046 euros al año. Para calcularlo, los economistas también restan lo que pagan los funcionarios en impuestos a la Administración del gasto total en empleo público y divide el resultado entre todos los empleados con sueldo del sector privado.
Según el IEE, España podría reducir su gasto público en un 14% y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios si lograra mejorar su eficiencia hasta alcanzar niveles similares a los de la OCDE. En términos absolutos, hay un margen de mejora de 60.000 millones de euros, calculan los expertos.
Reducciones selectivas de impuestos
El IEE ha elaborado un índice de eficiencia del gasto público que sitúa a España en el puesto 29 de la OCDE (74,4 puntos en 2021), muy por debajo de la media europea (98,6 puntos) y peor que en 2019 (84,6 puntos), lo que implica que España tiene "mucho que mejorar" en este ámbito, ha apuntado el presidente de la institución, Íñigo Fernández de Mesa, en la presentación del estudio. Esta caída se ha producido a pesar de que en la pandemia España ha movilizado menos medidas de apoyo a empresas y ciudadanos que otros países de nuestro entorno.
En cualquier caso, ha señalado que la mejora de la eficiencia del gasto público permitiría avanzar en la consolidación fiscal "sin recurrir a subidas de impuestos", e incluso aplicar "reducciones selectivas" de algunos tributos. El informe, de hecho, plantea una correlación entre las subidas de impuestos y el incremento del gasto público.
En ese sentido, Fernández de Mesa ha subrayado que "no es el momento de llevar a cabo una subida de impuestos" como plantea el Libro Blanco de los expertos para la reforma fiscal, algo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado por el momento. Ha recordado que el informe no ha encontrado mucho margen para subir el Impuesto sobre Sociedades, a pesar de lo que venía diciendo el Gobierno. El informe cita la entrevista de Vozpópuli en la que el catedrático Ignacio Zubiri plantea que no se puede pedir una subida de impuestos sin un ajuste de gasto público.
