Crear un negocio en España es más difícil que en Albania o en Zambia, según el prestigioso Doing Business, un informe que elabora el Banco Mundial y que suelen manejar los inversores internacionales. Un titular de esa guisa escuece, particularmente cuando se trata de atraer el dinero extranjero, lo cual ha llevado al Ejecutivo a hacérselo mirar y analizar con detenimiento del estudio. Y la conclusión es que la culpa reside en las Comunidades Autónomas. Ellas son las que con su voracidad legislativa levantan muros infranqueables para el emprendimiento, opinan algunos sectores del Gobierno.
Y entre ellas se señala con especial virulencia a Cataluña, una de las regiones tradicionalmente más pródigas en el uso del boletín oficial y por lo tanto con más tramites, más tasas y más limitaciones para emprender un negocio. “Cuando se compare con Madrid, quedará en evidencia la maraña burocrática y legislativa que ha levantado la Generalitat catalana. No todo puede ser culpa de España, los catalanes también tendrán que ver qué papel ha jugado la Generalitat en la situación económica de Cataluña”, sostienen fuentes próximas al Gobierno.
Varios departamentos gubernamentales están inmersos en esta tarea, desde Economía a Marca España pasando por Justicia. El Ejecutivo negocia con el Banco Mundial que se lleve a cabo esa prospección por Autonomías, de modo que quede negro sobre blanco que son los gobiernos autonómicos los principales responsables de que al menos se necesiten 10 pasos y 23 días para poder crear una empresa en España. "En cuanto se crea una administración, tienes que darle sentido a esa burocracia, lo que se traduce en mayores plazos, más tasas y menor eficiencia administrativa", aseguran fuentes conocedoras.
Al ser preguntados por esta iniciativa, fuentes oficiales se defienden: “La idea no es señalar a una Comunidad Autónoma en particular, sino que se retraten y así fomentar una competencia sana a la baja. Hay gobiernos autonómicos del PP que también pueden obtener una mala nota”, explican.
El problema de los ranking
Todos los años sin excepción, España se sitúa en el Doing Business por debajo de la mayoría de las economías de nuestro entorno. En el último, fechado ya en 2014, nuestro país fue relegado al puesto 52 debido a las dificultades para abrir un negocio, los problemas para conseguir los permisos de construcción, la escasa protección de los inversores, el elevado pago de impuestos y tasas, y la costosa obtención de electricidad.
A la hora de medir las facilidades para abrir un negocio, el Doing Business nos deja en el 142 entre 189 países, a la misma altura que enclaves como Gaza, Uzbekistán, Zambia o Sudán del Sur.
El Ejecutivo ha identificado una serie de informes y estudios que tienen bastante repercusión de puertas afuera y ha comenzado a analizar por qué solemos registrar unas puntuaciones tan bajas. “Muchas veces ocurre que no se rellenan bien los cuestionarios porque no hay nadie ocupado de eso. Así que simplemente se trata de explicar bien nuestra legislación. Otras veces tan sólo hay que modificar un asunto menor y se mejora mucho”, comentan fuentes gubernamentales.
