Economía

Hacienda crea un comité secreto para acelerar el cupo catalán en plena tensión con Junts

Expertos del Ministerio elaboran las balanzas fiscales, un asunto espinoso que Hacienda evitaba desde enero de 2024

  • María Jesús Montero, en la investidura de Salvador Illa en Barcelona. -

El Ministerio de Hacienda ha creado un comité secreto que está elaborando las balanzas fiscales. Se trata de una exigencia de Junts que no se había desarrollado y que se ha activado después de la amenaza de ruptura de Carles Puigdemont y el pulso con la cuestión de confianza a Pedro Sánchez. Según ha podido saber Vozpópuli, expertos del Ministerio lidian ahora mismo con este espinoso asunto, que Hacienda intentó orillar el 11 de enero de 2024, cuando asumió in extremis este compromiso, entre otros, con Junts a cambio de que se abstuvieran en los Reales Decretos-leyes anticrisis que se convalidaban.

El problema es que Junts quiere que las balanzas refrenden su relato victimista, que no se sigue de los datos, y utilizarlas como arma arrojadiza entre comunidades.

La presión de Junts, pero también la de ERC y la de Salvador Illa, están acelerando los trabajos para desarrollar el cupo catalán y otras cesiones en los pactos de investidura de Pedro Sánchez con sendas formaciones, como la condonación de 15.000 millones de la deuda catalana, que se prevé abordar en breve.

Sobre el cupo o "financiación singular", Illa ha subrayado en El País que "se trata de aplicarla, no de negociarla. Los acuerdos están hechos".

Este impulso que se quiere dar lleva al entorno de ERC a decantarse por que se abra una cuenta desde 2025 en la que ingresarles el IRPF -el primer punto del acuerdo- antes de que la Agencia Catalana independiente sea efectiva, lo que llevará más tiempo, como ha avanzado Vozpópuli.

Un escenario que preocupa a la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que este miércoles ha publicado una carta que ha remitido a la Generalitat y a los miembros del comité de expertos del cupo catalán avisando del "desastre" que preparan y sus "consecuencias irreversibles".

Exigencia envenenada de Junts

El 11 de enero de 2024 el PSOE y Junts cerraron un acuerdo a cambio de que los de Carles Puigdemont se abstuvieran en la votación de los primeros Reales Decretos-leyes que llevaba el Gobierno a las Cortes tras su investidura. El texto del acuerdo no se ha hecho público pero Junts publicó una nota en la que aseguraba que habían acordado la "publicación inmediata de las balanzas fiscales".

Se trata de una exigencia envenenada de Junts, ya que obliga a Hacienda a pronunciarse sobre la situación fiscal de las CCAA. Precisamente el Fisco no publica las balanzas fiscales desde 2014 (año en que caducó el sistema de financiación que sigue vigente) y fueron elaboradas por Ángel de la Fuente (Fedea y CSIC), Ramón Barberán (Universidad de Zaragoza) y Ezequiel Uriel (Universidad de Valencia), con la ayuda de funcionarios del Ministerio.

Hacienda no se había atrevido a acometer esta empresa hasta ahora y de hecho no ha hecho público que ha creado un comité que las prepara, y lo que anunció la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue que se publicarían los datos brutos. Es decir, que renunciaba a su papel como Ministerio de Hacienda de elaborar las balanzas y el mensaje era que cada cual calcule y use los datos como estime oportuno.

La vicepresidenta primera admitió entonces esta renuncia en La Sexta: "Esto lo discutimos con Junts, no hay consenso y hay polémica sobre las metodologías que se tienen que utilizar para hacer este tipo de análisis", llegó a decir.

Primera fase

La ministra defendió que el Gobierno es "transparente" y que "nunca ha tenido problemas para que la información de la que dispone pueda servir a los investigadores, analistas y políticos para sacar sus propias conclusiones". "Y lo que vamos a hacer es abrir esa fuente de información para que aquellos que investigan en este marco, las Administraciones que así lo quieran hacer, puedan disponer de estos datos", subrayó.

El pasado 12 de marzo, Hacienda públicó datos brutos de balanzas fiscales de 2021 para intentar contentar a Junts y allanar los Presupuestos de Cataluña de 2024 y, en suma, los del Estado, lo que finalmente no fue posible en ningún caso y llevó a Pere Aragonès a disolver el Parlament y convocar elecciones en mayo. Precisamente las Cuentas catalanas afrontaban entonces el veto a la totalidad. Pero no eran las balanzas fiscales, sino datos brutos poco desagregados. Con todo, los datos brutos que publicó el Fisco no secundaban el relato victimista de sus socios.

Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, apuntó que lo publicado "está muy lejos de ser suficiente para hacer bien los cálculos. El grado de desagregación (por programas) es insuficiente, parece que se territorializan solo algunas cosas y no esta muy claro cómo se hace y faltaría mucha información adicional".

La publicación en la web del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) de los datos brutos la denominó Montero una "primera fase", con el "el objetivo es ofrecer a los investigadores de toda España la información de partida necesaria para calcular las también llamadas balanzas fiscales referidas a 2021", y trasladó que "la idea es ir completando en las próximas semanas esa información en una segunda fase".

En realidad, ya había datos brutos disponibles y que se supone que son la base de los cálculos de la Generalitat, que sostiene que tiene un déficit fiscal de cerca de 22.000 millones en 2021, según las últimas estimaciones. Las balanzas de Hacienda de 2014 lo fijaban en 9.900 millones.

Madrid aporta tres veces más que Cataluña

Los datos brutos publicados en marzo muestran que la Comunidad de Madrid aportó 4.619 millones de euros al Fondo de Garantía del sistema de financiación autonómica, y Cataluña, 1.697. Si añadimos el Fondo de Suficiencia, la aportación de Madrid se eleva a 5.465 millones, mientras que Cataluña recibe 732 millones de este último. 

Estas cifras enseñan que País Vasco y Navarra concentran los superávits de gasto territorializable gracias fundamentalmente a una financiación regional por habitante muy superior a la del resto del país. La otra mitad se reparte desigualmente por el territorio nacional, dejando al litoral mediterráneo y a Madrid en situación de déficit.

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