Teresa Ribera tendió la mano este miércoles a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, los grandes dueños de las centrales nucleares en España, para financiar los cementerios nucleares en España. No obstante, la nueva propuesta no agrada a las energéticas. Según informan fuentes cercanas a las compañías a Vozpópuli, la mejora del impuesto sigue sin tener sentido y castiga su negocio durante los últimos diez años de vida de las centrales.
“No tiene sentido que los propietarios de las centrales nucleares estén pagando un impuesto para desviaciones de costes de Enresa, por el impuesto al combustible nuclear gastado, y luego trasladar a los propietarios de las nucleares las desviaciones que se produzcan por inflación o por decisiones políticas, pasar de un almacén centralizado a siete almacenes descentrailizados”, señalan desde las empresas. “Esto supone una doble imposición”, añaden.
Aunque desde el Foro Nuclear, la principal patronal del sector, y desde las eléctricas prefieren no pronunciarse en público, las fuentes conocedoras de este proceso valoran la propuesta como “insufienciente”. El Ministerio propone a Iberdrola y Endesa pagar una tasa Enresa de 10,36 euros por cada megavatio hora (MWh) que se produzca de energía nuclear.
Una cifra que supone un 30% más que los 7,98 euros/MWh actuales, pero que modera los 11,14 euros megavatio hora de su oferta de enero, que aumentaba en un 40% la tasa Enresa. Una corrección de cerca del 8% que se produce por un actualización del dato del IPC, que no se tenía en cuenta en el arranque del año.
Para las eléctricas ya existe un impuesto al combustible nuclear gastado son de 5 euros/MWh que consideran que serviría para pagar los 2,4 euros/MWh que necesita actualmente Enresa y sobrarían 2,6 euros en cada producción de megavatio hora para futuras desviaciones.
Iberdrola y Endesa no asumen la 'extra' de 2.000 millomnes
Desde su creación en 2005, la tasa con la que las centrales nucleares financian las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) ha ido aumentando conforme Enresa ha ido incrementando los costes del plan. La actualización de los costes futuros responde principalmente a la necesidad de mantener siete almacenes temporales descentralizados (ATD), uno en cada emplazamiento de las centrales nucleares, que sustituirían al fallido almacenamiento temporal centralizado (ATC).
Esto ha supuesto un extracoste de 2.000 millones de euros que no es imputable a los propietarios de las centrales nucleares, sino derivado de una decisión política. La centrales nucleares estarán totalmente apagadas en España en 2035, como acordaron los dueños y el Gobierno en 2019.
Un pacto que ha ido de la mano de una subida de impuestos, principalmente, para gestionar el cierre de las mismas. Iberdrola y Endesa, los grandes operadores nucleares del país, acordaron este plan ordenado de cierre pagando 999 millones de euros y, en 2025, esta cifra, con la nueva propuesta, rondará los 1.500 millones, un 50% más.
La carga fiscal de las centrales nucleares se ha visto históricamente incrementada con tributos y tasas medioambientales que gravan entre otros, los ingresos por la venta de electricidad o el combustible nuclear gastado. “Lo que genera un desequilibrio en la estructura de ingresos y los costes convencionales de las centrales”, explican los expertos de la consultora PwC en SU informe titulado “El papel de la energía nuclear en el marco de la transición energética”.
“Es por ello por lo que, a pesar de que las centrales nucleares son competitivas en costes operativos, se enfrentan a un problema de competitividad por su elevada fiscalidad”, concluyen. Estas tasas ascienden ya a los 25 euros megavatio hora (MWh), que equivale entre un 35% y un 40% de la facturación anual de las centrales y que, con el aumento de la tasa, supondría hasta un 50%.
En este sentido, la implementación de la nueva norma elevaría la carga fiscal a los 28 euros/MWh, es decir, un acumulado de 1.500 millones millones de euros de impuestos a las centrales nucleares, una cifra que plantea desafíos sustanciales para la rentabilidad y competitividad del sector.
