Inmobiliario

El Gobierno decide cargar a los contribuyentes todos los impagos de los inquiokupas

"El Real Decreto Ley mantiene las medidas antidesahucios", asegura el presidente del Gobierno

  • Protesta ante el Congreso de los Diputados en contra de la okupación. -

Malas noticias para las víctimas de la inquiokupación, que vuelven a estar atrapadas por un decreto antidesahucios que les impedirá echar a aquellos que llevan años viviendo a su costa. "El Real Decreto Ley mantiene las medidas antidesahucios", anunció el martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y añadió: "Lo que hace es complementarlas con una medida que ya anuncié precisamente cuando planteamos la nueva estrategia de política de vivienda: los avales a propietarios e inquilinos".

El Gobierno pretende articular ahora una especie de seguro de impagos sufragado por el Estado, es decir, pagado por todos los contribuyentes. De esta manera, los propietarios seguirán cobrando las rentas impagadas por aquellos inquilinos que aleguen ser vulnerables y a los que no podrán echar de su propia casa. No obstante, el Ejecutivo no aclara cómo y cuándo se cobrarán dichas cantidades, según explica 'Libre Mercado'. Además, queda por ver cuáles serán las condiciones para acogerse a esta medida.

Expectantes ante la letra pequeña que incluirá el nuevo decreto, la Plataforma de Afectados por la Ocupación advierte, por su parte, de que la música no les gusta. "Para empezar, porque, salga como salga, este decreto no nos proporciona la recuperación de la posesión", subraya Ricardo Bravo. "Otra vez se deriva la responsabilidad hacia terceros y se deja patente que el Gobierno sigue sin invertir en vivienda pública y no dota a los servicios sociales de los recursos necesarios para hacerse cargo de las familias vulnerables", lamenta. El nuevo sistema de avales tampoco les ofrece confianza alguna, puesto que, en estos momentos, ya existe un sistema de compensación para propietarios que, sin embargo, "solo han cobrado entre un 5 y un 7%" de las víctimas. La razón es que, tal y como explica Ricardo Bravo, las compensaciones solo se pagan una vez que se ha producido el desahucio -por lo que hasta ese momento el casero tiene que asumir la ruina económica a la que le condena su inquiokupa- y, además, "se hace a unos precios estipulados que están muy por debajo de lo que se solicita".

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