Fue el pasado 19 de diciembre cuando el Gobierno anunció a los mercados su intención de adquirir una participación en Telefónica -de hasta el 10% del capital- a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Desde entonces, no se ha producido ningún movimiento formal con respecto a esta operación; entre otras cosas, por las dificultades que le plantea al Ejecutivo su financiación, derivadas de la compleja situación política que vive España.
Este periódico publicó el pasado diciembre que la intención de Moncloa era la de conceder un crédito extraordinario a la SEPI -en el Consejo de Ministros- para poder afrontar el coste de la entrada en Telefónica, que podría ascender a 2.000 millones de euros. Así lo barajaban en el Ministerio de Economía durante los últimos días de Nadia Calviño en el cargo y los primeros de Carlos Cuerpo.
Hecho el anuncio al mercado, el tiempo apremiaba. Fuentes de la Sociedad Estatal señalaban a Europa Press el 20 de diciembre que contratarían un intermediario en Bolsa para comprar "en el menor tiempo posible".
Desde el Ministerio de Economía trasladaban el 9 de enero que la operación era inminente. Sin embargo, la agónica sesión que vivió el Gobierno el 11 de enero en el Senado dio el traste a estos planes.
La opción más factible -y en la que pensó Economía- sería la de habilitar esos fondos a través de un Real Decreto-ley que debería convalidarse en el Congreso de los Diputados. Lo que sucede es que los apoyos parlamentarios del Gobierno son débiles, como se apreció en el Pleno del pasado 11 de enero, cuando Podemos tumbó el Real Decreto-ley del subsidio y los Decretos anticrisis y ómnibus se aprobaron in extremis por la abstención muy condicionada de Junts. A lo que se ha sumado el voto en contra de Junts a la proposición de ley de amnistía la semana pasada.
La fórmula de los Reales Decretos-leyes ha quedado tocada y el Gobierno ha planteado que trabajará a partir de ahora en proyectos de ley.
Había una segunda alternativa, incluir una partida especial dentro del proyecto del ley de Presupuestos Generales del Estado de 2024, pero el problema es que en el Ejecutivo se da por muy probable que las Cuentas de 2023 se vayan a mantener prorrogadas durante este año por su falta de apoyos parlamentarios, de ahí que esta posibilidad sea difícil que se materialice.
Fuentes internas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) explican que existiría otra fórmula que podría explorarse, por la cual Moncloa evitaría someter su decisión al voto del Parlamento. Bastaría un Acuerdo del Consejo de Ministros para que la SEPI se endeude. Consistiría en buscar una entidad financiera que estuviera dispuesta a conceder un préstamo al consorcio de empresas públicas. Lo que ocurre es que el montante en cuestión es muy elevado y eso incrementaría de forma considerable el nivel de endeudamiento de SEPI, por lo que esa opción está prácticamente descartada.
Sin movimientos en el Gobierno
Estas fuentes internas de la SEPI trasladan que no se están produciendo los contactos habituales con bancos de inversión para este tipo de operaciones.
Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa reconocen que no se ha avanzado en esta operación en las últimas semanas, pero que actualmente se estudian diferentes opciones para intentar hacerla viable.
Fuentes oficiales de SEPI han expresado lo siguiente sobre este asunto: "Ahí nos hemos quedado, no hay información visible ni disponible".
Dentro de Telefónica se plantean diferentes preguntas durante estos días. La primera es la relativa a si la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) adoptará una actitud activa en este asunto en caso de que SEPI no comience a comprar acciones de la operadora de telecomunicaciones.
Cabe precisar que ya ha transcurrido un mes y medio desde que Moncloa avanzara al mercado su intención de tomar una participación en esta empresa. En este sentido, se plantea otra cuestión en los mercados: ¿habría actuado del mismo modo el regulador en caso de que otro inversor hubiera avanzado la entrada en el grupo, pero no la hubiera ejecutado en el corto plazo, como ha sucedido aquí? Porque en ese caso podría llegar a acusarse al anunciante de querer alterar el precio de la acción.
También está por ver el porcentaje de Telefónica que quiere tomar la SEPI. En el hecho relevante que se difundió en diciembre explicaba que sería de "hasta un 10%" de las participaciones, que actualmente estaría valorado en unos 2.060 millones de euros. Ahora bien, la compra también podría ser menor y quedarse lejos de ese porcentaje.
Los árabes de Saudi Telecom (STC) ya poseen el 5% de las acciones del grupo y tienen opciones sobre otro 4,9%. En caso de que las ejecuten, su posición quedaría fijada en el 9,9%, es decir, por encima de BlackRock, de BBVA y de Caixabank.
Representantes de estos dos últimos bancos han confirmado en las últimas semanas que su intención es la de mantener su participación en Telefónica, por lo que SEPI no podría negociar con ellos una compraventa.
En Telefónica -donde presentan resultados el próximo 22 de febrero- están a la expectativa de posibles movimientos empresariales. Entre otras cosas, porque eso modificará su estructura de capital y, por ende, la composición de su Consejo de Administración.
A priori, en la operadora se espera que SEPI, STC, BBVA y Caixabank cuenten con un consejero por cabeza durante los próximos años. Eso sí, la falta de movimientos del consorcio público de empresas participadas ha generado incertidumbre en la compañía y ha acentuado las incógnitas sobre el desarrollo de su próxima Junta General de Accionistas.
