Sniace, el grupo industrial químico en concurso de acreedores, afronta durante las próximas semanas uno de sus hitos más importantes en sus casi ochenta años de historia. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo debe decidir si accede a retrasar la vista, prevista en principio para el 13 de mayo, en la que se van a revisar los recursos contra la sentencia de la Audiencia Nacional que considera legal el despido de 533 trabajadores de la empresa cántabra.
Si lo acepta, la empresa ganará tiempo para formalizar los trámites legales de sus planes de viabilidad económica y su plan laboral, que contempla, paradójicamente, dar marcha atrás a esta decisión y sustituirla por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).
Si no lo aplaza, supondrá un jarro de agua fría a las pretensiones de los directivos, que han diseñado dicho plan con la aprobación de los administradores concursales y la aceptación de los acreedores. Para complicar algo más las cosas, otras dos filiales del grupo, Bosques de Cantabria y Bosques 2000, han comunicado también su entrada en la fase de liquidación del concurso de acreedores al que concurrieron hace un año.
Lío judicial
Todo comenzó en el verano de 2013, cuando Sniace se vio abocada a presentar un ERE de extinción que afectaba a más cinco centenares de sus trabajadores de la fábrica de Torrelavega, y más tarde un concurso voluntario de acreedores de sus sociedades Sniace, Viscocel y Celltech, ante las dificultades que tenía para encontrar financiación. La crisis había hecho mella en la firma dedicada al tratamiento de la celulosa y la viscosa, a pesar del repunte del sector durante los últimos años. La empresa paralizó su actividad industrial y en septiembre dejó de cotizar en el mercado de valores.
Sniace es una de las empresas más emblemáticas de Cantabria y con numerosos puestos de trabajo indirectos dependientes de su funcionamiento. Los empleados utilizaron todas las armas legales a su favor, desde manifestaciones en la calle hasta un recurso ante la Audiencia Nacional, que finalmente dio la razón a la empresa a mediados del año pasado.
Pero durante este tiempo, Sniace ha logrado convertir el concurso de liquidación en uno de continuidad de la empresa, con reformas energéticas que le afectaban de por medio, y planteó a principios de año varias propuestas de convenio para sus filiales en concurso, entre las que se contemplan quitas de entre el 50 y el 90 por ciento en un calendario de pagos de hasta nueve años.
Sniace es una de las empresas más emblemáticas de Cantabria y con numerosos puestos de trabajo indirectos dependientes de su funcionamiento.
Los acreedores, entre los que se encuentran diversas entidades financieras, el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Torrelavega y la Seguridad Social, entre otros, aceptaron la propuesta para reducir la deuda de 269,7 millones de euros. Los trabajadores, que habían peleado duro para mantener sus puestos de trabajo, también tuvieron que asentir con una reducción del personal.
Solucionados todos los obstáculos para reiniciar su funcionamiento, solo queda el recurso del Tribunal Supremo, que los trabajadores habían presentado para facilitar a la dirección de la empresa la aplicación del plan de viabilidad. Pero la proximidad con que ha puesto la fecha de la vista, no deja margen de maniobra para que se pueda convocar la junta extraordinaria de accionistas de la compañía que debe aprobar una ampliación de capital, necesarios para costear los planes laboral y de viabilidad aprobados por los acreedores, que requiere además de los preceptivos consentimientos de la CNMV.
La intención era presentar todos los papeles firmados el día de la sesión, que reunirá a toda la Sala de lo Social del Supremo en pleno, ante la novedad que supone la 'transformación' del ERE de extinción presentado en primer lugar en un ERTE.
Pero los responsables de la compañía deben actuar más que nunca contrarreloj para que la Justicia no impida solucionar definitivamente la anómala situación de la empresa de celulosa y viscosa.
