En enero todo fueron sonrisas a la hora de presentar el ‘revival’ de la Operación Chamartín. La ministra de Fomento Ana Pastor, la entonces alcaldesa Ana Botella y Francisco González, presidente de BBVA (el principal accionista de Distrito Castellana Norte, con un 75%) daban “luz verde” a una versión remozada del proyecto de ampliación de la Castellana madrileña. Pero era una cortina de humo.
Hoy por hoy, casi un año después, Ahora Madrid no tiene fecha ni prisa para llevar a Pleno del Ayuntamiento la aprobación, el último y decisivo paso. Es un proyecto que consideran faraónico e innecesario. El PSOE, por su parte, no quiere dar el visto bueno a un desarrollo, el actual, que costaría a las arcas municipales “1.000 millones de euros” y que tiene visos de convertirse en otro “Sanchinarro, Las Tablas o Valdebebas”, barrios madrileños desarrollados en el boom inmobiliario y que se han convertido en zonas donde se han construido las casas pero no los servicios públicos, según Mercedes González, concejal socialista de Urbanismo.
La nueva alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, dijo tras reunirse con Antonio Béjar a finales de junio que iba a revisar el proyecto. Pero el proceso se anuncia lento. ¿Meses o años? “No hay ninguna prisa”, ha asegurado a Vozpópuli Carlos Sánchez, Consejero de Economía y de Urbanismo en funciones en la penúltima semana de agosto, cuando se produjo la conversación. Sus argumentos son variados: primero, la falta de necesidad de otras 17.000 viviendas en la capital; las 2.200 alegaciones de los vecinos que hay que responder; y el hecho de que se trate de “un desarrollo urbanístico basado en lo de siempre, con la desventaja de que llueve sobre mojado, mientras hay barrios de Madrid con déficit de equipamientos”.
Esta falta de prioridad choca con la fecha de caducidad de la parte mollar del acuerdo: el contrato de venta de los terrenos de ADIF a Distrito Castellana Norte expira 31 de diciembre de 2016, con tres meses más para buscar un nuevo acuerdo, según ADIF.
El Distrito Castellana Norte abarcaría más de tres millones de metros cuadrados, un tercio de los cuales pertenecen a la empresa pública de infraestructuras ferroviarias. En esos terrenos se construirá una zona de negocios pegada a las Cuatro Torres de Madrid y se incluirá una amplia zona residencial, además de soterrar las vías de la estación de Chamartín, entre otras operaciones urbanísticas.
Cuando se presentó el primer concurso concesional de la Operación Chamartín corría el año 1993. Aún existía el Grupo Argentaria y La Lista de Schindler triunfaba en Hollywood
Pero mucho tiene que cambiar el proyecto presentado, que ahora mismo consta de más de alrededor de 13.000 folios, para que sea aceptado. El PSOE exige que salga a coste cero al Ayuntamiento. Pero en un desarrollo urbanístico de tal envergadura son imprescindibles colegios, centros de mayores o centros de atención sanitaria que hay que costear y de los que la empresa no va a hacerse cargo. “Para cumplir con [el déficit impuesto por] Cristóbal Montoro tendría que hacer recortes de gasto de entre el 15 y el 20% este año”, afirma Sánchez de Ahora Madrid. “¿Nos vamos a gastar encima entre 400 y 500 millones de euros en una operación que no necesita la capital y está alejada de los intereses generales?”. “Tal y como está, no lo vamos a votar”, concluye del mismo modo la concejal socialista González.
Ciudadanos sí ve con buenos ojos un proyecto que “elevaría el perfil de la ciudad” y “traería decenas de miles de puestos de trabajo”. Pero hasta ellos pondrían condiciones, como que los trabajos de construcción y desarrollo los realizaran empleados de larga duración y más edad, según confirma Begoña Villacís a Vozpópuli, “porque no queremos que se repita el esquema de abandono de los estudios de los más jóvenes propio de la burbuja inmobiliaria”. El Partido Popular está a favor de la obra.
En el Ayuntamiento se habla de la creación de una mesa con todos los grupos. Pero los técnicos que tendrían que revisarlo son los que ya lo han hecho anteriormente, así que está por ver si esta eventual mesa cataliza algún cambio.
Modificación de nombre
Mientras, la empresa anteriormente conocida como DUCH, de la que el BBVA es el accionista principal, ha decidido en el consejo de hace unas semanas cambiar su denominación para desvincularse de un nombre demasiado cargado de contenido. Ahora son Distrito Castellana Norte (DCN). Se desconoce qué otras decisiones relevantes se han tomado en ese consejo, pero de momento su estrategia de venta del proyecto al gran público sigue sin variar demasiado: dicen que son casi 6.000 millones de euros de inversión y 120.000 puestos de trabajo en los próximos 20 años. “DCN está plenamente comprometido a seguir con el proyecto”, asegura la empresa a Vozpópuli.
Se sabe que se han producido contactos del equipo de Antonio Béjar (el presidente de DCN) con los partidos, pero no ha habido avance o acercamiento de posturas. Se han celebrado también reuniones con las asociaciones de vecinos para atender sus reclamaciones, que van desde la creación de pasarelas especiales para acceder a hospitales hasta otras de menor envergadura como la creación de columpios para niños en determinadas zonas.
Cuando se presentó el primer concurso concesional de la Operación Chamartín corría el año 1993. Aún existía el Grupo Argentaria (que se llevó la primera concesión), y La Lista de Schindler triunfaba en Hollywood con 12 Óscar. Hoy, 22 años después, cuando comienza el curso político y el nuevo consistorio cumple cien días, el proyecto está vivo, pero muerto a la vez. Es un proyecto zombi que solo con grandes concesiones por parte del BBVA, que controla la mayor parte de la empresa urbanística, podría salir adelante.
