“La pobreza energética mata física y socialmente”. Esta afirmación forma parte del dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE). El CESE calcula que se acabaría con gran parte del problema sólo con asignar una quinta parte de la cantidad que la UE ha destinado a rescatar a la banca de la eurozona al acondicionamiento y rehabilitación de las viviendas con menor eficiencia energética.
En el conjunto de la Unión Europea, se calcula que unos 60 millones de personas sufren la pobreza energética, según los últimos datos de Eurostat. Esta cifra se ha incrementado en un 20% en el último año, en parte por los constantes incrementos en los precios de la electricidad y el gas y en parte por los efectos de la crisis socioeconómica en el poder adquisitivo de los ciudadanos.
En nuestro país, que tiene la tercera tarifa eléctrica más cara de la UE, más de un 10% de la población -la cifra aumenta hasta el 18% en invierno- sufre esta “lacra inadmisible en la sociedad europea del siglo XXI”, como la ha calificado Francisco J. Fonseca, director de la Representación de la Comisión Europea en España. Fonseca ha hecho esta afirmación durante jornada ‘Por una acción europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética’, celebrada este viernes en las instalaciones de la CE en Madrid para presentar el dictamen del CESE sobre la pobreza energética.
Los autores del dictamen del CESE, Pierre Jean Coulon y Bernardo Hernández, coinciden en que controlar la pobreza energética a nivel comunitario es un reto, ya que cada país es un escenario diferente. “Tenemos 28 escenarios, 28 países en los que trabajar”, remarca Coulon.
La energía como un derecho
Aunque no hay una definición unificada a nivel comunitario sobre qué significa este término, se puede resumir como la incapacidad económica de los hogares de hacer frente a sus necesidades energéticas básicas, entre ellas la de mantener una climatización adecuada. La pobreza energética está marcada por tres factores: un bajo nivel de ingresos, el incremento de los precios de la energía y el mal estado de las viviendas. Además de las personas con menor nivel de ingresos, los colectivos más afectados por la pobreza energética son los mayores, los niños y las mujeres que viven solas.
Para la eurodiputada María Irigoyen, “la energía es un derecho social básico”. Irigoyen, miembro de la Comisión de Mercado Interior y Derechos de los Consumidores, considera necesario “garantizar el acceso a la energía a precios razonables”. En este sentido, la eurodiputada estima que esta garantía debería llegar a través de una normativa comunitaria: “Europa debería garantizar ese consumo básico para que la energía sea un derecho social”. No sólo se refiere a la electricidad, también al gas, cuyos precio se ha incrementado un 48% desde 2005.
Los colectivos más afectados por la pobreza energética son los mayores, los niños y las mujeres que viven solas
Tanto Hernández como Coulon consideran que una posible solución al incremento de los precios sería la creación de una especie de ‘unión energética’ a nivel europeo, que negocie en conjunto y, por tanto, desde una posición más fuerte las compras a países extracomunitarios. No en vano, el conjunto de la UE importa más de la mitad de la energía que consume. Esta dependencia energética alcanza el 80% en el caso de España.
Proteger al consumidor vulnerable
Bernardo Hernández cree que habría que implementar una serie de “medidas para intentar frenar esta vorágine que puede acabar con muchas familias y crear problemas sociales”. A nivel nacional, el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) pide al Gobierno que prohíba los cortes de suministro durante los meses más fríos. Esta iniciativa, recogida por la UE como una sugerencia, fue llevada recientemente al Congreso de los Diputados por Izquierda Plural y rechazada por la mayoría absoluta del Partido Popular.
España no cuenta con ningún programa específico en esta materia. El único “paliativo”, indican desde el CCU, es el llamado bono social, que únicamente se aplica a la electricidad. Desde el Consejo denuncian la ineficacia del bono social, que consideran un “paliativo de carácter temporal que no atiende las verdaderas necesidades de los consumidores”. Así, piden más esfuerzos a las empresas del sector energético, más transparencia en la facturación y medición del consumo, mejorar la información que reciben los consumidores y la adopción de políticas de venta menos agresivas.
Tampoco ayuda el bajo nivel de eficiencia energética de las viviendas españolas. El presidente de la Asociación Española para la calidad de la Edificación, Adrián Sánchez Molina, pone en evidencia que “España no ha querido saber nada de la eficiencia energética hasta hace seis meses”. “Los edificios en España están mal construidos”, sentencia. Según Sánchez Molina, sólo el 20% de las viviendas están certificadas y, de ellas, el 80% se encuentra entre los niveles F y G, en una clasificación en la que es A el nivel más eficiente y G, el menos eficiente. “Hay pobreza energética porque no hay control de la eficiencia energética”.
“Los edificios donde vive la gente más modesta son los que tienen menor eficiencia energética”, reconoce Coulon, lo cual nos devuelve a la vertiente económica del problema. Así, los consumidores con menores ingresos están obligados a empeñar una mayor cantidad de energía para cubrir sus necesidades. El coautor del dictamen echa cuentas: "Se sacó dinero para rescatar a los bancos. Para mejorar las viviendas necesitaríamos la quinta parte".
