Los mecanismos de arbitraje que el Gobierno ha establecido para las víctimas de las preferentes pueden suponer el colapso de la justicia en España en dos o tres meses. Es el diagnóstico de varias juntas de jueces que se reunieron la semana pasada para evaluar la situación. La Junta de Madrid ha sido la última en discutir la situación el pasado viernes tras revisar los criterios para el arbitraje propuestos por el FROB y estima que cientos de miles de perjudicados pueden terminar recurriendo a la vía judicial.
Más de 500.000 afectados peden terminar en los tribunales
Las experiencias en las que se ha recurrido al arbitraje (como el de las cajas gallegas) sólo han dado cobertura al 15% de las reclamaciones. Dado que en España hay unos 700.000 perjudicados por las preferentes, unos 105.000 afectados podrían recurrir a la conciliación, frente a otros 595.000 que tendrían que recurrir a la justicia, provocando su colapso, razonan los jueces consultados.
El arbitraje no evita el recurso a los tribunales
Algunos de los magistrados consultados temen que los tribunales puedan ser el recurso final de los afectados incluso después de haber recurrido a un arbitraje que supuestamente cierra esa vía, puesto que podrían alegar que el procedimiento de conciliación puede ser ilegal.
Según las fuentes consultadas, se ha permitido el arbitraje en situaciones en las que se detectan “indicios de delito” tales como permitir la venta de preferentes en casos de “minoría de edad del suscriptor, la incapacitación del suscriptor (sin intervención de representante legal) o la inexistencia de documento contractual”. Esas situaciones no permiten la negociación por la vía conciliatoria sino por la judicial, afirman esas fuentes, que preparan ya peticiones de refuerzo para los tribunales.
37 acciones colectivas ya en marcha
Las asociaciones de usuarios han interpuesto ya varias denuncias colectivas con las que pretenden agrupar las reclamaciones contra 52 entidades bancarias. Fuentes de ADICAE estiman que unas 30.000 personas pueden adherirse a esa demanda conjunta. El resultado sigue siendo minoritario por lo que una buena parte de las denuncias se producirá en los próximos dos o tres meses, cuando se cierre el proceso de canje establecido por el Ejecutivo.
