Llegó el día de la mil veces anunciada reforma fiscal. Tan anunciada como que prácticamente se cumple un año desde la primera vez que se hizo pública. Es más, para cuando los españoles noten por primera vez en su nómina una rebaja de impuestos habrá transcurrido en total un año y medio.
De hecho, el ministro Montoro se mostraba al principio muy reacio a reformar los impuestos. Sin embargo, Bruselas apretaba. Y al mismo tiempo un ala del PP encabezada por Aznar bramaba por una rebaja de impuestos.
Pero los ingresos no daban. Para Montoro era un peligro experimentar con la tributación en un momento en el que las finanzas públicas españolas estaban siendo cuestionadas por los mercados. Necesitaba tiempo. Y lo encontró sacándose de la manga una comisión de expertos igual a la que planteó la reforma de las pensiones. La patada hacia delante le permitió esperar a que la recuperación arrojase una mejora de la recaudación.
Entretanto, la Comisión inició el debate presentando una reforma muy aceptable y que mejoraría la eficiencia de un sistema tributario completamente parcheado y excesivamente dependiente de la venta de viviendas.
Pero Montoro no quería ni revoluciones ni experimentos. No quería subir IVA y bajar cotizaciones tal y como le pedían Bruselas y los expertos en tanto en cuanto el fraude se disparaba y la sostenibilidad de las pensiones estaba en juego. La idea del titular de Hacienda era bastante clara desde el principio: se podían destinar entre 4.000 y 5.000 millones a una rebaja del IRPF en 2015 que se podría costear con el crecimiento orgánico de los ingresos y la aprobación de nuevos impuestos.
Montoro tenía además la intención de centrar el recorte tributario en las rentas por debajo de 33.000 euros y las familias. Sin embargo, conforme se acercaban las elecciones europeas fue cambiando todo. Y el hecho de que más de dos millones de votantes del PP, sobre todo profesionales, se quedasen en casa el día de los comicios precipitó una revisión más drástica de la reforma. La mayor parte de las alzas se pospusieron sine die, incluso a riesgo de que Bruselas exigiese nuevos ajustes.
Si antes la bajada de tipos se iba a concentrar en las rentas bajas, ahora ésta se extenderá a todos los tramos. Mientras que el tipo más bajo se recortará poco porque es el que tiene más potencia recaudatoria al tributar por él todos y cada uno de los contribuyentes, en cambio el tipo más alto puede reducirse bastante por debajo del 50 desde el actual 52 por ciento. Es decir, cuanto más alto sea el tipo, mayor será en principio la rebaja porque además tributa mucha menos gente, se pierde menos recaudación y se llega a más votantes del PP. Precisamente lo contrario de lo que afirmaba Montoro: la rebaja ya no será para las rentas más bajas debido a la necesidad de ganar en las elecciones de 2015.
Dichas rebajas se acompañarán también de ayudas a las familias, pues se elevarán los mínimos en cuota para aquellos con ascendientes o descendientes a cargo. Se recortará la aportación deducible a los planes de pensiones y probablemente se bajará algo el tipo del ahorro para dejarlo más cerca de las cotas de 2011.
Respecto al Impuesto de Sociedades, casi se quedará lo comido por lo servido, al reducir el tipo de las grandes del 30 al 25 por ciento de forma escalonada a lo largo de dos años. Sólo que esta reducción se hará tras eliminar o limitar buena parte de las deducciones salvo las de reinversión, I+D y algunos incentivos para pymes y profesionales.
El sistema de módulos sólo se conservará para quienes traten directamente con el consumidor final, como es el caso de la hostelería, el comercio y los taxis. Tampoco se tocarán ni los tramos autonómicos del IRPF en particular, ni cualquier otro impuesto regional en general, a la espera de un inminente Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se discutirán los impuestos y la financiación de las Comunidades Autónomas. O dicho de otro modo, aun si se recortan los tipos, permanecerán los recargos autonómicos, dejando en muchos casos los impuestos todavía en niveles demasiado elevados.
En cuanto a las subidas de impuestos, como ya hemos dicho se ha descartado la mayoría salvo la tributación medioambiental. Nada de tocar por el momento la vivienda. El IVA que afecta al material sanitario se subirá tal y como manda la legislación europea, pero se excluirán las gafas graduadas y lentillas. De modo que habrá que esperar al trámite parlamentario entre septiembre y noviembre para comprobar si el Gobierno consigue pasar esta reforma sin que Bruselas imponga nuevas alzas impositivas.
